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El CGPJ decide oír a Garzón y le concede 10 días para alegar

El juez podrá pronunciarse "para que no se produzca indefensión".

el 16 feb 2010 / 20:32 h.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado 10 días de plazo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule alegaciones antes de que este órgano decida si le suspende provisionalmente de sus funciones al tener dos causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS). Así lo acordó ayer la comisión permanente del Consejo, por unanimidad, según informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces. La Comisión aceptó escuchar al magistrado "por razones constitucionales", ya que entiende que la persona afectada debe poder pronunciarse "para que no se produzca indefensión", según fuentes del órgano.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, defendió ayer que el juez Garzón "tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a ser oído". Al ser preguntada por la decisión de la Comisión, a la entrada en el Club Siglo XXI para su participación en un almuerzo-coloquio, la portavoz aseguró que la medida "no tiene nada de excepcional", porque supone aplicar el artículo 24 de la Constitución Española.

Fuentes del Consejo señalaron que es la primera vez que se concede esta medida, pero precisaron que esto se debe a que hasta ahora ningún juez cuya suspensión se estaba dilucidando en el CGPJ la había solicitado. La Ley de Procedimiento Administrativo permite conceder esta audiencia al magistrado, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales tendrán en cuenta sus argumentos, y no sólo los que exponga la Fiscalía, a la que ya se ha pedido informe.

La decisión adoptada el martes pasado por el Consejo de pedir el citado informe al Ministerio Público supuso dar el primer paso para suspender temporalmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, si bien el contenido del informe del fiscal no es vinculante. La resolución de la Comisión Permanente se fundamenta en la recepción por este órgano del auto del magistrado del Supremo Luciano Varela -que instruye la causa contra Garzón por investigar las desapariciones del franquismo-, en el que éste expuso de forma contundente sus motivos para sentar a Garzón en el banquillo. Esta resolución está pendiente de que la Sala resuelva sobre el recurso de apelación presentado por el magistrado de la Audiencia Nacional.

Los vocales también tienen sobre la mesa el auto dictado por la Sala el pasado 28 de enero admitiendo a trámite una segunda querella contra Garzón -por presunta prevaricación, cohecho y estafa-, relacionada con la gestión de unos cursos patrocinados por el Banco Santander en la Universidad de Nueva York.

Por otra parte, la Comisión Permanente rechazó ayer la petición realizada por Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, solicitando al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, que se abstuviera de participar en el debate sobre la posible suspensión de Garzón al entender que incurre en "falta de imparcialidad" al haber jurado en su día "lealtad al Caudillo" al entrar en la carrera judicial. La Comisión ha tenido en cuenta para archivar este asunto que se refiere a una causa de índole jurisdiccional en trámite ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por lo que el Consejo "carece de toda competencia legal para entrar en el análisis de lo solicitado".

La Comisión está integrada por el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra y los vocales nombrados a propuesta del PP Manuel Almenar y Antonio Dorado. En el segundo acuerdo, Dívar fue sustituido por el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa.

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