El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a estudiar los ataques hacia la independencia de la Justicia que se están realizando desde el PP tras hacerse pública la coincidencia del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón en una cacería.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, subrayó en declaraciones a la Cadena SER que "el Consejo siempre va a cumplir y asumir el mandato constitucional que es velar por la independencia de los jueces y magistrados de este país".
Pero no sólo el PP ha atacado estos días a la independencia de los magistrados. El propio vicepresidente del órgano judicial, Fernando de Rosa, propuesto por el PP, aseguró a la Televisión Valenciana que Garzón "podría pasar una línea roja que es muy importante, la prevaricación", en caso de que hubiera aforados en el caso Gürtel y no se inhibiera, en referencia a la investigación sobre una supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados cargos del PP.
A este respecto, los jueces y fiscales progresistas consideraron ayer que si el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, no se retracta de sus declaraciones sobre Garzón y su investigación del caso Gürtel, quedará inhabilitado para ejercer su cargo. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) criticaron en un comunicado estas manifestaciones que, además, serán analizadas la próxima semana en las reuniones que la Comisión Permanente y el pleno del Poder Judicial celebrarán los próximos martes y jueves, respectivamente.
En duda. Para JpD, la "injerencia" de De Rosa es "doblemente grave" por lo que tiene de incumplimiento de su obligación institucional de defensa de la independencia judicial y por el "claro posicionamiento partidista" de quien ha sido hasta hace unos meses consejero de Justicia del gobierno valenciano del PP. La asociación de jueces progresistas le reclamó que se retracte públicamente. En caso contrario -añadió JpD- Fernando de Rosa "quedaría ética e institucionalmente inhabilitado para ejercer dicho cargo, con lo que debería presentar inmediatamente su dimisión". Por su parte, la UPF cree que estas declaraciones son "como mínimo veladamente amenazadoras" y revelan "una inequívoca intención de interferir indebidamente en el curso normal" del procedimiento judicial, por lo que constituyen "un gravísimo ataque" a la independencia judicial.
