El juez Rafael Tirado cometió una falta muy grave al no ordenar ejecutar la sentencia que condenó al detenido por la muerte de la pequeña Mari Luz por abusar de su hija. Así lo hizo público ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien aclaró que ahora se abre un plazo de seis meses para imponer la sanción al juez.
La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial adoptó esta decisión por unanimidad en una reunión extraordinaria, según el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, quien recordó que entre las sanciones a las que se enfrenta el juez Tirado se encuentran una suspensión de funciones de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
El CGPJ también pidió que se investigue a los funcionarios que intervinieron en la causa por la que el juez sevillano ordenó el ingreso en prisión de Santiago del Valle.
La Comisión Disciplinaria, de hecho, acordó remitir estas actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y la Junta para "que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria".
El Poder Judicial ha nombrado instructor para la tramitación del expediente a Tirado al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea. El trámite ahora es que el instructor escuchará de nuevo al juez y finalmente tendrá que realizar, antes de seis meses, una propuesta de sanción.
Según la LOPJ, para las faltas muy graves es el pleno del Poder Judicial el competente para imponer una sanción a un juez, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.
López aseguró que "la Comisión Disciplinaria en este tipo de asuntos siempre trabaja con urgencia porque el hecho de que se haya abierto un expediente por falta muy grave contra cualquier juez sabemos que compromete la buena imagen del Poder Judicial y del juez". "Cuanto antes haya una resolución definitiva mucho mejor para el servicio público y para el propio magistrado", afirmó.
El expediente a Tirado ha sido incoado por el CGPJ por la posible comisión de una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"En el juez concurre la obligación profesional de impulsar y controlar la realización de los actos procesales necesarios para obtener la ejecución de todas las sentencias", recordó López. Según el portavoz, "se aprecia que ha podido existir una cierta pasividad, una dejación de funciones y ausencia de control de este personal".
El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor. La sentencia fue confirmada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
