El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que no cabe dar amparo al juez que ha citado a declarar al actor escocés Sean Connery y a su esposa por el llamado caso Golfinger, que juzga un presunto pelotazo urbanístico en Marbella.
El magistrado protestó ante este órgano por haber recibido una carta que consideraba intimidatoria del embajador británico. El actor inglés está imputado por prevaricación urbanística y blanqueo de capitales tras la venta de un chalé de su propiedad en primera línea de playa sobre el que se autorizó la construcción de una urbanización de lujo.
Según informaron ayer fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo adoptó esta decisión en la reunión de su Comisión Permanente del pasado martes. Los integrantes de la comisión permanente decidieron, por unanimidad, que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Marbella (Málaga), Ricardo Puyol, puede "abordar este asunto mediante la resolución jurisdiccional que proceda dentro de la causa", así como dirigirse al citado embajador si así lo considera oportuno.
Puyol se dirigió al CGPJ por considerar que el tono "intimidatorio" de la misiva -en la que el embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, asegura que el actor podría demandar a los responsables de hacer pública su imputación en el citado caso de corrupción urbanística- podría ser "un atentado a la independencia de un órgano judicial".
La carta remitida por Paxman al juez indicaba que "Sir Sean ha manifestado que la mera revelación pública de estos supuestos procedimientos penales no sólo afecta a su imagen pública, sino también le causa un perjuicio financiero notable, evidente y cuantificable".
"Por ello -agrega el diplomático en su carta- el actor escocés se reserva el derecho de poner una demanda contra las personas responsables".
Connery y su esposa han sido citados a declarar el próximo viernes por su imputación en la causa denominada Goldfinger en referencia a la película de 1964 en la que el actor interpretó el papel del agente británico James Bond.
veinte imputados. El procedimiento penal se remonta a 2007 y cuenta con una veintena de imputados, entre ellos el ex alcalde de Marbella Julián Múñoz y el ex asesor de Urbanismo y principal procesado en el "caso Malaya" contra la corrupción, Juan Antonio Roca.
Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas. El juez intenta dirimir en este caso si se han cometido varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales, tras la recalificación de la mencionada parcela en la que se ubicaba el chalé del actor.
