El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá el próximo miércoles un año en funciones, caracterizado por una ralentización en la adopción de decisiones por parte del órgano de gobierno de los jueces y por una situación de provisionalidad que para la minoría progresista es "insoportable".
Y es que si durante su mandato natural el Consejo se pronunció en contra de prácticamente todas las grandes leyes aprobadas por el Gobierno, como el Estatuto catalán o la de matrimonios homosexuales -con un polémico informe en el que se los comparaba a la unión "entre un hombre y un animal"-, en el último año su actividad se ha situado bajo mínimos.
El actual CGPJ -que se ha convertido en el más longevo de la historia de este órgano, creado en 1980- está en funciones desde el 7 de noviembre del pasado año y su renovación sigue pendiente tras el fracaso de las conversaciones entre el PSOE y el PP, que dio "carpetazo" a las negociaciones el pasado día 23 tras acusar a los socialistas de romper todos los consensos en materia de Justicia.
Vocales de la mayoría conservadora y de la minoría progresista coinciden en que la paralización se ha producido fundamentalmente en la política de nombramientos de magistrados para ocupar plazas vacantes.
Según el vocal y portavoz del CGPJ, Enrique López, la nota más característica del actual Consejo ha sido la de "absoluta normalidad", salvo en el tema de los nombramientos.
López destaca la dificultad de llegar a acuerdos después de que una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 2005 elevara a tres quintos la mayoría simple exigida hasta entonces para la elección de magistrados del Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.
"Espero que el tiempo que estemos exista una voluntad tanto de dentro como de fuera del Consejo para que lleguen estos acuerdos y los nombramientos se lleven adelante", manifiesta López, para quien el actual Consejo, aunque en términos generales ha sido positivo, "ha tenido sus luces y sombras".
En el mismo sentido se pronuncia el vocal nombrado a propuesta del PP José Luis Requero, quien culpa a los vocales de la minoría de que el CGPJ no haya hecho más cosas en este último año.
En la actualidad hay varias plazas vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo, así como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
"Hay vocales del PSOE muy interesados en hacer todo lo posible para mantener al Consejo en una situación de coma inducido", concluye Requero.
Por su parte, el vocal de la minoría progresista Luis Aguiar indica que la situación de provisionalidad del CGPJ provoca una "cierta ralentización de buena parte de las funciones y de las competencias del Consejo", no en la mera gestión, sino en la adopción de decisiones.
Aguiar hace hincapié en que la culpa no la tienen los vocales de la minoría, sino todos, puesto que "cada uno en su fuero interno ha tenido una sensación de provisionalidad que ha llevado a no adoptar decisiones allí donde había varias opciones posibles".
Juan Carlos Campo, también de la minoría progresista, señala que esta situación "se está haciendo bastante insoportable" y aboga por una reforma orgánica para impedir que esto vuelva a ocurrir.
Según Campo, en el actual órgano de gobierno de los jueces "hay luces", pero también "muchas sombras" que, en su opinión, deslucen lo que podía haber sido un Consejo para la consolidación de la Justicia del siglo XXI.
