La investigación contra el que fuera chófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), se inició gracias a que la Agencia Tributaria descubrió que Juan Francisco Trujillo había defraudado casi 300.000 euros. En 2008, Hacienda descubrió que había cobrado dos subvenciones de 450.000 euros cada una, que según reconoció él mismo las destinó en gran parte a comprar cocaína para él y para su jefe, que ni las había declarado ni las había utilizado para el fin con el que fueron otorgadas. La Junta conoció entonces el caso, ya que Hacienda le reclamó los datos de la subvención, remitiéndole un informe en mayo de 2008 que consta en el sumario del caso, al que tuvo acceso El Correo.
La Agencia Tributaria detectó que la empresa Lógica Estratégica Empresarial no había pagado el impuesto de sociedades de los años 2004 y 2005, por lo que investigó las cuentas de Juan Francisco Trujillo, descubriendo que la Junta le había ingresado en su cuenta 450.000 euros en concepto de subvención. Así, lo acreditó la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que fue la que entregó el dinero tras la firma del convenio con Trujillo y Guerrero, en un informe fechado el 12 de mayo de 2008. En el mismo se detallaba que "el 16 de febrero de 2004 fue concedida a dicha sociedad subvención de 450.000 euros" y que ésta fue abonada "en su totalidad en el ejercicio 2005" en cuatro ingresos distintos. El 30 de marzo de 2009, el director general de Trabajo, Juan Márquez, emitía otro informe sobre la ayuda concedida por su antecesor, remitiéndole a Hacienda el convenio firmado. Esto, sin embargo, no levantó sospechas en la Junta, que no abrió ningún expediente administrativo, según la Policía.
Según la Agencia Tributaria, Trujillo defraudó 165.067,95 euros al no declarar la subvención, que "se destinó a otros fines", denunciándolo ante la Fiscalía de Jaén, donde reside el chófer, por un delito contra la hacienda pública y otro de fraude en subvenciones. El fiscal lo puso en conocimiento de los juzgados de Andújar en marzo de 2010, que abrió una investigación, en la que Hacienda pidió la imputación de Guerrero. Lo mismo ocurrió con la otra empresa de Trujillo que también recibió 450.000 euros, según acreditó la Junta en otro informe. En este caso, lo defraudado son 129.542,99 euros y dio origen a una otra causa judicial.
Entonces, el Juzgado de Instrucción número 1 reclamó a la Junta diversa documentación y le ofreció personarse como afectada. Un juzgado sevillano así se lo comunicó a un letrado de la Junta el 2 de agosto de 2011, dándose éste por "enterado". En su comparecencia, el abogado dijo que "en la Dirección de Trabajo no existe expediente ninguno que él tuviera conocimiento", pese a que entonces Guerrero ya estaba imputado por los ERE y que ya se habían emitido informes anteriores. El juzgado de Andújar, volvió a pedir los datos el 24 de octubre de 2011, pero el sumario se cierra en diciembre y no hay ningún informe más.
En cambio, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió ayer que "en el mismo momento en que la Junta conoció la primera irregularidad la llevamos a los tribunales, creamos una comisión de investigación sólo con funcionarios, planteamos al juzgado cualquier irregularidad y nos personamos como acusación, y así seguiremos haciéndolo".
