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El cierre en falso de la crisis abre una guerra fría entre PSOE e IU

Fomento anuncia que se consumarán los 17 realojos de las familias de la corrala Utopía, y Presidencia le corrige y asegura que «no habrá más realojos».

el 12 abr 2014 / 23:57 h.

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SUSANA DÍAZ EN DESAYUNO INFORMATIVO DEL FÓRUM EUROPAEn la madrugada del sábado, el primer Gobierno de coalición de izquierdas en Andalucía salió a flote del naufragio que sigue con estupor media España. Pero desde ahora y en lo que resta de legislatura, PSOE e IU son dos enemigos íntimos conviviendo bajo el mismo techo. Esto pronostica una inestabilidad política imprevisible, que ayer empezó a dar los primeros síntomas. Por ahora, los dos socios de Gobierno dieron ayer por zanjada la crisis desatada el miércoles cuando la Consejería de Fomento (IU) autorizó el realojo de familias en riesgo de exclusión de la corrala Utopía, que llevaban dos años ocupando un edificio de Sevilla. La decisión se tomó en contra de la orden de la presidenta Susana Díaz, que respondió retirando provisionalmente a sus socios las competencias sobre adjudicación de vivienda protegida. Un pulso en apariencia exagerado que ha durado tres días, ha hecho tambalear el pacto de Gobierno y se ha asomado al precipicio de las elecciones anticipadas. Pero el pulso PSOE-IU, en un año electoral, trasciende esta polémica. Ambas fuerzas admiten que ha sido un choque entre dos formas antagónicas de hacer política, un enfrentamiento que viene de largo y entronca con la rivalidad histórica entre partidos de izquierda, entre socialdemocracia y marxismo. «Esto no ha sido por ocho familias. El debate de fondo es político y de principios. Había que aclarar que Andalucía no es Venezuela», dicen desde la dirección socialista, que acusa a IU de haber institucionalizado el movimiento okupa. Para el PSOE, lo que desbordó la crisis fue la imagen de las familias de la corrala enseñando las llaves de las VPO que miembros de la Junta les habían entregado, una foto que quiebra la seguridad jurídica de la región. A esto se sumó la imagen del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, abrazando a esas familias. IU: LA NORMALIDAD HA VUELTO A LA JUNTA Y AL PP LE HA SALIDO MAL LA JUGADALa lectura de la dirección de IU es distinta. Sostienen que Susana Díaz «ha dado un golpe de autoridad para presentarse como mujer de Estado», usando como «chivo expiatorio» a 12.000 familias en lista de demandantes de vivienda «de las que no se preocupó en dos años». «Lleva 7 meses oyendo que está secuestrada por IU y ha forzado el modo de doblegarnos y humillarnos en un gesto de prepotencia», dicen. Acuerdo. La salida a este atolladero político requería una reconstrucción consensuada de los realojos, un relato sin culpable ni víctima en el que ambas partes cedieran y ninguna saliera escaldada. Era la única vía para alejarse de la ruptura del pacto. El anuncio oficial del Gobierno andaluz se hizo público a la 1.00 horas del sábado. IU aceptaba rebajar el número de familias realojadas de 17 a 8 (los otros nueve quedaban en suspenso hasta que los servicios sociales comprueben si su situación era extrema) y Díaz firmaba otro decreto para devolver las competencias a Fomento. «Todo vuelve a la normalidad», dijeron ayer socialistas y comunistas, pero el volcán siguió soltando escupitajos de lava. Los realojos fueron «impecables», reiteró Maíllo, «se han restituido unas competencias que nunca tenían que haberse quitado y se ha resuelto conforme a lo que nosotros planteábamos porque no había otra salida». Pero el secretario de organización del PSOE, Juan Cornejo, replicó que «esos realojos provocaron una sensación de inseguridad en los ciudadanos» y que IU se vio obligada a rectificar, «al pasar de 17 familias a 8 por una distorsión ya aclarada». La crisis parece cerrada en falso, prueba de ello es que PSOE e IU siguen con versiones irreconciliables. Fomento aseguró ayer que se realojará a las otras nueve familias en cuanto se actualicen sus informes, Presidencia replicó que no habrá más realojos, y el PSOE remarcó que «algunas de esas personas reúnen condiciones por las que jamás entrarán en una VPO» y sugirió que entre las 8 ya realojadas (con niños y minusválidos) algunas podrían ser desalojadas al revisar su situación. El desenlace de la crisis está por escribir. El PSOE cree que el liderazgo de Díaz ha salido reforzado, aunque el PP –único vencedor del combate– ya la acusaba ayer de haber hecho «el ridículo» y de plegarse al mandato de los comunistas. Por otro lado, la crisis ha desbordado a Maíllo (menos de un año como coordinador regional), que ha necesitado la intervención del líder del PCE, José Luis Centella, como interlocutor de Díaz para desatascar el conflicto. En la coalición han aumentado las voces críticas con el líder estos días, le reprochan «haber forzado el pulso y minusvalorado la inteligencia de la presidenta». Los socialistas se han colado por las grietas de IU para deslegitimar al que, en teoría, será el contrincante de Díaz en las autonómicas. Entre los afines a Maíllo ha escocido «la espantada» del vicepresidente Diego Valderas, que se ha distanciado del conflicto, dando pábulo al PSOE para distinguir entre moderados. Dos relatos distintos del realojo El sábado, en el Parlamento, técnicos de la Junta revisaron los informes de los servicios sociales que acreditaban si las 17 familias de la corrala Utopía respondían a los requisitos del mandato judicial que, en febrero, ordenó «proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social». Al final se aceptó que 8 familias con niños y minusválidos siguieran realojadas de forma transitoria hasta que los servicios sociales acrediten su situación de riesgo. Para las otras nueve se suspendió el realojamiento también hasta hacer comprobaciones. ¿Por qué importa tanto cómo se cuente el realojo? Porque los socialistas acusaban a sus socios de haber beneficiado a algunas personas de la corrala que no lo necesitaban más que las otras 12.000 que están en lista de espera para una vivienda pública –por ejemplo una afiliada a IU que tenía trabajo cuando se le asignó un piso–, de ahí que tildaran el realojo de «ilegal» y cercano a la prevaricación. Mientras que IU aseguraba que se cumplió escrupulosamente la ley y contaban con los informes favorables de las 17 familias, aunque los de nueve no estaban actualizados. Presidencia dice tener un informe jurídico que sostiene que muchos de realojos fueron ilegales, Fomento afirma tener informes jurídicos favorables. Ninguno se ha hecho público.

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