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El Código Penal eleva el control sobre terroristas y pederastas

El pleno del Congreso aprobó el nuevo texto con la abstención del PP.

el 29 abr 2010 / 20:49 h.

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El pleno del Congreso, con los votos del PSOE, CiU y ERC, aprobó ayer la reforma del Código Penal, que endurece las penas para la corrupción, el terrorismo y los abusos sexuales, y que contó con el voto en contra del PNV y Nafarroa Bai y la abstención del PP, IU-ICV, BNG y el resto del Grupo Mixto.

El PP, tras negociar durante meses con el PSOE la reforma que ahora se remite al Senado, optó finalmente por abstenerse, ya que, según su portavoz de Justicia, Federico Trillo, es un texto "insuficiente" con demasiados "huecos" y "sombras", y no cumple con lo pactado con los dirigentes socialistas.

Una decisión que demuestra la "deslealtad" del PP, en opinión del portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, que recordó que la cadena perpetua revisable y otras medidas sobre la prescripción de los delitos que proponían los populares y que han sido rechazadas nunca estuvieron entre los compromisos alcanzados. "Señores del PP, una vez más han demostrado que no son de fiar y que su única obsesión es conseguir el poder como sea. España no se merece una oposición como ustedes", dijo Villarrubia, que atribuyó la abstención del Partido Popular a su rechazo a agravar las penas contra la corrupción. Según Villarrubia, para el PP es tan fácil "ser tan fuerte con los débiles como tan débil con los delincuentes de cuello blanco".

A este respecto, Trillo explicó que no pueden corresponsabilizarse de un proyecto que no contempla su propuesta de prisión perpetua revisable, no amplía la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte al secuestro o atentados que causen lesiones graves, y no da soluciones a la reincidencia. Para el diputado del PP, el texto no sólo no ha mejorado, sino que se ha perjudicado con alianzas coyunturales -con CiU y ERC-, que demuestran que las "mejoras" han sido "estrictamente cosméticas" con resultados "ridículos" como la regulación de la multirreincidencia en los hurtos.
Trillo insistió en que se aumenta la complejidad del sistema incluyendo nuevas penas de localización permanente o de "arresto de fin de semana" para autores de hurtos de menos de 400 hurtos reiterados, lo que ha calificado como "esperpéntico".

Tras el debate, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en declaraciones a los periodistas, calificó como "una pena" que finalmente el PP no se haya sumado al consenso.

El representante del PNV, a cuyo voto en contra se unió el de la diputada de Nafarroa Bai Uxue Barcos, consideró que se acomete un nuevo endurecimiento del sistema penal, que ya se ha reformado en 26 ocasiones para agravar las penas sin resultados satisfactorios.

Armonización a la UE. Ángel Núñez, asesor del secretario de estado de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, aclaró a este periódico que esta nueva reforma tiene vocación de permanencia, que se ha acometido tras tres años de trabajo, para ajustar el Código Penal a los nuevos tiempos, "porque se está en un proceso de armonización jurídica con Europa", remarcó. En este sentido, explicó que en España actualmente había delitos que no estaban tipificados y que era necesario regular como son la trata de seres humanos, el tráfico de órganos, el acoso inmobiliario o la captación de menores por parte de adultos ganándose su confianza, entre otros. Es decir, "se trata de dar respuesta a los problemas de la sociedad actual", manifestó el asesor de Justicia.
Núñez negó que el Ministerio de Justicia haya realizado esta reforma a golpe de titular de prensa y reiteró que la prueba es el tiempo que se lleva trabajando en el documento que finalmente se aprobó ayer en el Congreso.

Una de las modificaciones del proyecto es que los cargos públicos condenados por delitos de corrupción tendrán siempre penas de cárcel, sin embargo, Ángel Núñez negó que este punto se haya introducido por los numerosos casos de corrupción que están aflorando en el panorama español. Insistió en que se debe a la convicción del Gobierno de que se debe dotar a la Justicia de mecanismos para luchar contra la corrupción y a la necesidad de adaptarse a las líneas fijadas por la UE, que apuntan a que se endurezcan las penas.
En pleno debate de la masificación de las cárceles, una de las novedades del nuevo Código Penal es que se introduce la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad de corta duración -hasta seis meses de cárcel- por la localización permanente del condenado. Núñez señala que el Gobierno cree que la finalidad de la pena es la rehabilitación y reinserción, "por ello se dan otras alternativas a la cárcel, ya que ésta, a veces, dificulta la reinserción social". Por último, destacó que el documento también potencia la tutela de los menores víctimas de abusos.

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