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El colapso tras la huelga judicial pone en peligro la atención a las maltratadas

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer están aún más atascados de lo normal a consecuencia de la huelga de funcionarios de 2008.

el 16 sep 2009 / 04:54 h.

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Los juzgados de Violencia sobre la Mujer están aún más atascados de lo normal a consecuencia de la huelga de funcionarios de 2008. Así lo deja de manifiesto en su Memoria Anual la Fiscalía de Sevilla, que también lamenta la falta de medios adecuados para controlar la ejecución de las sentencias y a los maltratadores.

Los efectos de la huelga que los funcionarios de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer protagonizaron desde el 20 de noviembre de 2008 hasta el pasado 9 de enero se van a arrastrar durante todo el año. Así lo recoge la Memoria Anual de la Fiscalía, en la que la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, Fátima Domínguez, asegura que de un "buen funcionamiento" se ha pasado a un "verdadero caos".

La huelga se produjo a raíz del anuncio del nuevo sistema de guardias en estos juzgados, que son de 12 horas durante tres días consecutivos, ya que los funcionarios reclamaban que en las guardias se contara con la plantilla completa del juzgado, como ocurre con los de instrucción, y no sólo con la mitad. Finalmente, la Consejería de Justicia no cedió a las peticiones, pero aún así la huelga se suspendió.

Para la Fiscalía, la situación durante el paro de la plantilla fue "verdaderamente preocupante", lo que repercutió en el trabajo de los fiscales, pues el número de asuntos se redujo drásticamente al atenderse sólo las "causas seguidas por hechos muy graves" y las actuaciones contempladas en los servicios mínimos (detenidos y causas con presos). La fiscal recuerda que muchos juicios tuvieron que ser suspendidos en unas fechas, las navideñas, "que ya de por sí implican un cierto retraso de los asuntos".

Otra de las quejas del Ministerio Público concierne a la falta de medios adecuados para controlar a los maltratadores y el cumplimiento de las sentencias por las que fueron condenados. En este sentido, lamenta que hasta final de 2008, los servicios sociales externos penitenciarios no comenzaron a organizar los programas específicos para este tipo de delincuentes.

En cuanto a la ejecución de las penas, la fiscal critica la escasa posibilidad de control del actual sistema informático, que ni siquiera permite saber cuáles son los casos en los que las condenas han sido sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad. Sobre el nuevo registro de penados y medidas cautelares puesto en marcha por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía incide en la importancia de que se pueda acceder a datos como las condenas anteriores, ya que "resulta esencial para valorar la peligrosidad del sujeto a la hora de pedir medidas cautelares o de protección a favor de las víctimas".

En la actualidad, y para poder controlar con exactitud las medidas que se adoptan en las sentencias (por ejemplo, el alejamiento de la víctima), la Fiscalía trabaja con unas fichas "manuales". De ahí, que destaque la importancia de que el nuevo registro cuente una herramienta adecuada.

Por último, pese a que fue una de las quejas que ya se recogió en la Memoria de 2007, la fiscal señala su "sorpresa" porque en Andalucía aún no están disponibles las pulseras electrónicas que alertan de la presencia del maltratador, lo que hace "inoperativa" la protección de la víctima.

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