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El colectivo 15-M aborta el segundo desahucio en 10 días

Un centenar de jóvenes impide la expulsión de una inquilina de su casa en Rincón de la Victoria. La última concentración para evitar un desahucio fue en Granada.

el 24 jun 2011 / 16:41 h.

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Andrea Aguado, la dueña, muestra las llaves de su casa los concentrados. / efe

Un centenar de personas pertenecientes al movimiento 15-M y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentró ayer ante una vivienda de Rincón de la Victoria (Málaga) cuya propietaria acababa de recibir una notificación judicial con una orden de desahucio que pesa sobre el inmueble en el que vive. Es la segunda vez en diez días que el colectivo de indignados aborta un desahucio. Otro grupo de jóvenes paralizó la expulsión de un inquilino en Granada. El 15-M promueve, entre otras medidas, la dación de la vivienda en pago de la hipoteca a los bancos.

A las 10.15 horas de ayer, una secretaria judicial se personó en el edificio señalado de Rincón de la Victoria para notificar la orden de desahucio a la dueña, aunque no lo logró hasta media hora después, debido a la presión de los manifestantes. El colectivo de jóvenes bloqueó la entrada al edificio y, pese a los intentos de la comisión judicial y de agentes de la Guardia Civil que la acompañaban, la notificación tuvo que llevarse a cabo en el portal, ante los medios de comunicación y los propios concentrados.

La secretaria judicial preguntó a la afectada, Andrea Aguado, si estaba de acuerdo con abandonar la casa, y ella contestó que no, porque no tenía otro sitio donde vivir. La funcionaria firmó el aplazamiento del desahucio hasta el 6 de septiembre y le entregó la notificación del mismo.

Aguado, ex trabajadora del sector inmobiliario, recordó que antes de comprar aquella casa, vivía en Madrid y que, debido al acoso al que la sometía un vecino, la inmobiliaria le ofreció otro piso, con una hipoteca puente avalada con la primera vivienda y que le otorgaba dos años de carencia para darle tiempo a vender dicho piso. Pero la afectada no logró vender el inmueble y, tras quedarse en paro y sin derecho a prestaciones, el banco sacó a subasta ambas viviendas, se las adjudicó por un 50% de su valor y exigió a la propietaria el abono de 130.000 euros. "Tengo una casa totalmente pagada, que podía haber entregado como dación en pago, pero se han quedado las dos al 50% y les debo 130.000 euros", lamentó Aguado.

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