La reforma laboral planteada por la CEOE, consistente en un despido más barato, cuenta con otro detractor. El Colegio de Economistas de Sevilla rechazó ayer esta medida como manera de combatir la crisis y propuso otra, basada en incentivar la disminución de las horas de trabajo en vez de eliminar empleos.
En pleno debate sobre el diálogo social y después de que el pasado jueves el Gobierno se posicionara asegurando a los sindicatos que no aceptará la reforma laboral defendida por la patronal CEOE, el Colegio de Economistas de Sevilla dio a conocer su postura. El decano del organismo, Guillermo J. Sierra, aseguró que "hoy en día el despido es libre en España, lo único que hay que hacer es indemnizar, así que si los empresarios entienden que se trata de una cifra demasiado alta, deben incorporar las posibles indemnizaciones a sus cálculos de costes".
En este sentido, subrayó que "deben pactar con el Gobierno y con los sindicatos, no puede ser esa cerrazón, porque así la economía no resiste". De este modo, denunció que "desgraciadamente ahora vemos operaciones donde se refinancia a los que han mantenido empresas en situación deficitaria porque en épocas pasadas cogieron beneficios y no fueron capaces de trasladarlo a la estructura económica de su empresa".
Sierra hizo estas declaraciones durante la presentación del segundo cuaderno del Observatorio de la Economía Social en Andalucía, donde el catedrático del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Arturo Gutiérrez también trata la crisis y una reforma laboral muy alejada de la planteada durante los últimos meses por la patronal dirigida por Gerardo Díaz Ferrán.
"Hablamos de reformar el mercado de trabajo, pero sin hablar de tipos de contrato, con una idea de Perogrullo, que es disminuir los horarios de trabajo en vez de los empleos a través de incentivos", señaló. A ello añadió que "es una medida que se ha puesto en marcha en países como Francia y que han evitado casi un millón de parados".
El documento defiende además el fomento del alquiler para mejorar la situación del mercado de la vivienda en la comunidad andaluza.
