El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González-Vilardell, y el asesor jurídico de dicha entidad colegial, Santiago Campo, coincidieron hoy en advertir acerca del "repunte de agresiones físicas" cometidas en los últimos años por usuarios de la sanidad contra facultativos en el ejercicio de su profesión, un hecho, con todo, que contrapuso con un mayor endurecimiento también de las penas y sentencias condenatorias contra los infractores de estos casos.
En rueda de prensa, González-Vilardell detalló que, entre junio de 2009 y febrero de 2010, la entidad colegial registró un total de 34 procedimientos judiciales por agresiones, de los que cinco de ellos se instruyeron por episodios de agresión física y el resto por injurias y amenazas.
Así, y pese a que el número total de agresiones tanto físicas como verbales ha disminuido porcentualmente, lamentaron que los episodios denunciados son cada vez más graves, en referencia a casos como el ocurrido el pasado mes de enero, en el que una médico y un enfermero de un equipo de urgencias DCCU que atendía un aviso a domicilio en la localidad de El Viso fueron agredidos por un usuario que portaba un cúter.
Atendiendo al tipo de centros en los que se cometen este tipo de actos violentos, detallaron que del total de estas 34 agresiones, 19 se registraron en centros públicos de salud, dos en centros privados, seis en hospitales, cinco en dispositivos de urgencias y dos en servicios de valoración de incapacidades contra inspectores del INSS.
Con todo, ambos responsables destacaron que los procedimientos judiciales abiertos contra este tipo de casos son cada vez más contundentes, ya que se enjuician como delito de atentado contra la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y no como un mero juicio por faltas.
Así, y a modo de ejemplo, aludieron a recientes sentencias en las que se han llegado a condenar a los agresores por penas superiores a un año de cárcel e indemnizaciones que ascienden hasta los 3.000 euros por delitos de injurias graves contra la dignidad del profesional sanitario.
A juicio de González-Vilardell, las agresiones que en los últimos años se cometen contra el estamento médico "no son sino el reflejo de la crispación que vive actualmente la sociedad", motivo por el que apostó por "incrementar la educación de la población, recobrar el prestigio de la profesión y aumentar las medidas disuasorias, como timbres antipánico, cámaras de videovigilancia y vigilantes de seguridad".
