(Vídeo: Charo Morales / Brenda Macías)
Ángela no ha podido acceder esta mañana al colegio concertado Antonio Machado, después de que la Junta la matriculara en el colegio público Jacaranda tras una denuncia por haber falseado la matrícula con la que consiguió plaza hace 4 años. La alumna ha acudido junto a sus padres preparada para ir a clase, pero tras una reunión con la directora, se han visto obligados a salir del centro. Ésta les ha comunicado la situación, pero se ha negado a "darles ninguna carta por escrito, ya que existe una comunicación verbal", según explicó la madre. Igualmente, afirmó que la llevará al colegio público Jacaranda cuando tenga esa carta, pero que sus protestas no van a parar ahí. De hecho, aseguró que iría al Defensor del Menor "para ver que solución le podrían dar al tema".
Ángela salió ayer del colegio concertado Antonio Machado sin saber que hoy no podría volver y mañana no hará el examen final de Matemáticas. Educación cumplió la orden judicial del 21 de mayo que obligaba a expulsarla por haber falseado la matrícula con la que logró plaza hace 4 años. La Junta la ha matriculado en un público para acabar el curso.
Los padres de Ángela, alumna de 11 años de 5o de Primaria, no se enteraron de que había una denuncia contra su hija por fraude escolar hasta el año pasado, cuando la sentencia que la obligaba a salir de su escuela ya era firme y no había posibilidad de recurrir. La Delegación de Educación de Sevilla reconoció ayer que la falta de comunicación entre el juzgado y la Junta con la familia de Ángela ha desencadenado una situación penosa para la niña, que hoy no podrá entrar en su colegio a pesar de que tenía un examen de Educación Física, y mañana otro de Matemáticas y en unos días debía terminar el curso.
La versión que dio ayer Educación encaja en mucho con la de los padres de Ángela: la niña logró plaza en el colegio concertado Antonio Machado, de Sevilla Este, en 2004; la familia de otro niño presentó alegaciones porque pensaba que había mentido en la dirección de su casa para poder entrar, pero Educación, por mediación de la Policía, comprobó que los datos de Ángela eran correctos. Así que la familia del otro niño se fue a los juzgados de lo Contencioso y presentó una denuncia contra Ángela y otros nueve alumnos del Antonio Machado. "El juez no avisa a todo el mundo de que hay un proceso abierto contra ellos y emplazó a la delegación a poner un anuncio del procedimiento en el BOJA", explicó ayer Educación. El anuncio salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta, pero los padres de Ángela nunca lo vieron.
Hasta enero de 2008, la familia no se enteró de que su hija llevaba cuatro años de juicio. El problema que ha agrandado la historia es que, cuando al final se inicia el proceso contra Ángela y la jueza envía a la Policía a comprobar si su domicilio familiar coincide con su matrícula, la familia ya se había mudado. "Hasta 2006 vivimos en esa casa, después nos cambiamos", dice María Ángeles, la madre. La jueza expulsó a Ángela. Cuando la directora del colegio llamó a sus padres para decírselo, la sentencia era firme (abril de 2008) y no cabía recurso.
Ángela acabó el curso aquel año y fue expulsada. En septiembre empezó las clases en otro centro, el Jacarandá, muy cerca de allí. Pero el abogado de la familia encontró un resquicio legal para reabrir el caso: existía un defecto de forma, porque los padres no fueron informados correctamente del proceso, así que presentó un recurso contra la comunicación del colegio y el juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 lo admitió. El caso se reabrió el 6 de octubre de 2008, cuando Ángela llevaba un mes de clases en el Jacarandá. La jueza aceptó que la niña regresara a su antiguo colegio de forma cautelar, y allí estuvo hasta hace un mes, cuando el mismo juzgado pero una jueza distinta -Isabel Castillo González - resolvió el caso, falló en contra de la niña y volvió a ordenar su expulsión definitiva. Aunque la sentencia no se ejecutara hasta ayer, 17 días después. Los padres de Ángela han recurrido ante el TSJA, que aún no se ha pronunciado.
Educación ha abierto una investigación interna para saber por qué aún no se había ejecutado la expulsión. Hasta ayer, la delegación estaba desobedeciendo una sentencia judicial que era firme. La jueza dictó el fallo el 21 de mayo. El delegado de Educación Jaime Mougan emitió la resolución que ordenaba la expulsión el 22. El colegio Antonio Machado la recibió el 27 de mayo, y la directora del centro se lo comunicó a la familia de Ángela el 2 de junio. Pero la niña siguió en el centro, según la madre, "porque se hizo la vista gorda para no perjudicar el fin de curso de la niña".
Al publicarse el lunes la información en El Correo, Educación ejecutó la orden al instante. El inspector educativo dejó un mensaje de voz en el contestador de la madre de Ángela que decía que su hija acababa de ser expulsada y que la Junta la había matriculado en el colegio público Jacarandá para los últimos días de clase. Ángela llevaba días preparando los exámenes finales y le quedaba un curso para concluir la Primaria. Ahora tendrá que examinarse con otros maestros y junto a otros compañeros. Hoy no irá al Jacarandá. Sus padres dicen que está "muy deprimida" y que "no tiene ganas de seguir estudiando".