Los miembros de la comunidad educativa han realizado numerosas protestas. / Foto: Salvador Criado
Desde hace un año y medio, el colegio público Tierno Galván lleva esperando que la Junta de Andalucía acometa unas obras que calificó «de urgencia», tras el desprendimiento de parte de la fachada del centro educativo. Como la situación no se ha atendido todavía, la asociación de madres y padres de alumnos (ampa) decidió elevar su problema al Defensor del Pueblo Andaluz.
Los afectados remitieron una carta a Jesús Maeztu en la que le ponían al corriente del proceso y de la importante demora que viene experimentando el proyecto, sin que se haya dado ningún tipo de solución todavía. En este sentido, dicho organismo admitió a trámite la queja, por reunir los requisitos que se establecen en la ley que regula la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Además, indican las madres y padres que ya han solicitado a la delegación provincial de Educación «que aporte cuanta información disponga sobre los hechos». Será entonces cuando la oficina de Maetzu analice la documentación para emitir su correspondiente informe. Los problemas comenzaron en abril de 2013, cuando se producía el incidente. Desde entonces, solamente ha actuado en el recinto escolar el Ayuntamiento de Utrera, a requerimiento de la delegación provincial de Educación, que le pidió que instalara las medidas de seguridad oportunas para que el curso se pudiera desarrollar con normalidad.
La promesa de la Junta pasaba por iniciar los trabajos de arreglo de dichos desperfectos el pasado mes de junio, justo cuando los alumnos comenzaran las vacaciones estivales. Sin embargo, para aquel entonces, ni siquiera se había redactado el proyecto de obra. A lo largo del verano se anunció su licitación y la presentación de 27 empresas, que optaban a hacerse con la ejecución de los trabajos. A partir de aquí, ha vuelto a quedarse parado el procedimiento, y desde la delegación provincial no se aventuran a anunciar una fecha de inicio de las tareas que la comunidad educativa lleva esperando 18 meses.
Los padres de los alumnos afectados se manifestaron en diversas ocasiones para reclamar a la Junta de Andalucía que acometa el proyecto. Lo hicieron en julio, a las puertas del colegio; también se trasladaron hasta Sevilla en septiembre, para protestar delante de la delegación provincial; y ahora han comenzado una serie de convocatorias que, todos los miércoles, llaman a la movilización junto al centro educativo.
En relación a estas manifestaciones semanales, la presidenta de la ampa, María del Carmen Rojas, recuerdó que se plantean porque la situación «prácticamente no ha cambiado. Todavía está el proceso de licitación abierto, sin que aún haya empresa adjudicataria, por lo que no hemos avanzado nada. Creo que la Junta ha tenido tiempo más que suficiente para concluir todo el procedimiento administrativo y burocrático, porque llevan con este asunto desde el comienzo del verano». Son cinco protestas las que han contemplado a cuyo término, si sigue todo igual, los padres volverán a ponerse en carretera para desplazarse hasta Sevilla, manifestándose nuevamente delante de la delegación provincial de Educación.
Por su parte, el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), que acompaña a los afectados en todas sus reivindicaciones, recordó que «la Junta ha solicitado la licencia de obra correspondiente, pero ni siquiera la ha abonado, porque quien debe hacerlo es la empresa adjudicataria», aún «no he recibido la más mínima comunicación» por lo que considera que la delegación provincial «no está a la altura de las circunstancias». En palabras del regidor local, «es inaceptable la actitud de la Junta de Andalucía con Utrera y con este colegio».
