La financiación es el principal escollo del proyecto de los empresarios de instalar cámaras de seguridad en las calles comerciales. Aprocom plantea ahora negociar con el Ayuntamiento buscar patrocinadores que asuman parte del coste y se ofrece a aportar una cantidad de un plan tasado en más de 400.000 euros.
Los comerciantes se han marcado como uno de los objetivos para este mandato desbloquear el proyecto de videovigilancia, aparcado por el Ayuntamiento en el anterior mandato por su elevado coste y la exigencia de los empresarios de que el dinero lo aportase la Administración local. IU, que ahora gestiona la Delegación de Empleo a través de Jon Ander Sánchez está dispuesta a impulsar esta iniciativa. Ya ha revisado otros modelos, ha consultado a firmas especializadas y ha recopilado todos los informes legales sobre este tipo de sistemas de videovigilancia. Pero sigue sin haber dinero.
El presidente de la asociación de comerciantes, Aprocom, José Cañete, planteó vías alternativas para financiar el programa. Entre las propuestas, figura buscar patrocinadores o que los propios empresarios asuman parte del coste -modelo que ya se aplica en ciudades como Granada-. En los próximos días se plantearán estas opciones al delegado del área de Empleo.
"Sabemos que es mucho dinero y que es un proyecto que hay que llevar a cabo por fases", apuntó José Cañete, quien subrayó que la primera parte se debe desarrollar en la zona céntrica. En el eje formado por las calles Tetuán, Sierpes y Velázquez, "lugares donde se registran la mayoría de actos vandálicos a establecimientos y negocios". En este punto, colisionan las posturas de los empresarios y de IU. La federación de izquierdas está dispuesta a situarse al frente de esta iniciativa, siempre que no se convierta en un sistema exclusivo del Casco histórico. Jon Ander Sánchez está convencido de que si se decide impulsar esta iniciativa, los beneficiarios no deben sólo ser empresarios del Centro, sino también los propietarios de establecimientos en otras zonas de la ciudad, como los distintos polígonos industriales.
Los empresarios quieren forzar a la Delegación de Economía y Empleo a acelerar los trámites, de forma que la videovigilancia funcione durante el próximo verano, época en la que el Casco histórico se queda más vacío y son más habituales las actuaciones vandálicas. Pero el Ayuntamiento aún no se quiere marcar plazos, sobre todo porque IU aún no sabe con qué presupuesto va a contar. En el anterior mandato, la entonces delegada del área, Rosamar Prieto-Castro, ya dejó claro que el Consistorio no estaba dispuesto a asumir una iniciativa con un coste superior a los 400.000 euros, de la que apenas se beneficiarían tres calles.
Además, IU alega otras dos dificultades para la ejecución del proyecto. Por un lado, la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recoge que se debe controlar que las cámaras no puedan tomar imágenes de ventanas de viviendas, lo que limita los ángulos posibles en el Centro. Por otro, aún no hay estudios que avalen la efectividad de los sistemas de videovigilancia.