Los comerciantes del centro se sienten "manipulados, entristecidos y enfadados" con el Ayuntamiento por vetar la instalación de cámaras de vigilancia en la calle. Tras un año de negociación con IU, creen que se les ha dejado "en la cuneta e indefensos" ante la delincuencia. "Lograremos esas cámaras, aunque sea con otro Gobierno", avisan.
El enfado es "monumental", por dos motivos: porque no entienden por qué la Delegación de Economía y Empleo (en manos de IU, socio del Gobierno de Sánchez Monteseirín) da ahora marcha atrás en un proyecto que lleva más de un año de tramitación y porque se han tenido que enterar del veto a través de la prensa. Lo afirman Tomás González, vicepresidente de Aprocom, la Federación Provincial de Comerciantes de Sevilla, y Enrique Arias, presidente de los Comerciantes del centro, ambos interlocutores del Consistorio en estos meses de tanteo.
El primero tiene claro que la vigilancia de la vía pública es "esencial" para lograr la seguridad de los comercios y por eso plantó cara ayer al Ayuntamiento, avisando de que el proyecto verá la luz "tarde o temprano, con este Gobierno o con otro, con o sin IU", porque es "necesario", insistió. Antonio Rodrigo Torrijos, titular del Área de Socio-economía del Ayuntamiento, justificó la prohibición de las cámaras en el hecho de que la libertad debe primar sobre la seguridad.
Ante este argumento, González reaccionó puntualizando que la videovigilancia que apoyan los comerciantes no es "un Gran Hermano", sino que se planteaba como "unos ojos policiales que no buscan coartar la libertad de los ciudadanos, sino la de los delincuentes". En declaraciones a la Cadena SER, González lamentó que con esta explicación se liquide un proyecto "que beneficia a la seguridad de todos".
Con la misma contundencia se expresó su compañero, Enrique Arias, radicado en Puente y Pellón. A su juicio, el edil de Economía, Jon Ander Sánchez, ha perdido "toda la credibilidad" con que contaba entre los comerciantes, pues "ha estado negociando y ofreciendo soluciones que no podía aplicar, ya que por encima tiene a su jefe, el señor Torrijos, que es quien toma la decisión final".
Arias asegura, por tanto, que Sánchez "ha dejado de ser un interlocutor válido", al menos en materia de seguridad. Para el también vocal de Aprocom, está "claro como el agua" que el Ayuntamiento "ha estado jugando con el comercio y haciendo que se pierda el tiempo". De ahí que piense en pedir responsabilidades a quienes se han sentado con ellos a planificar la videovigilancia "y ahora se olvidan de los estudios que hemos hecho, de lo que nos ha costado, del esfuerzo que le hemos echado encima".
La "indignación" es aún mayor, apunta Arias, si se tiene en cuenta que las asociaciones de comerciantes han hecho un "esfuerzo económico notable" en estudiar el proyecto jurídicamente, justo en un momento de "crisis clara". Tampoco a él le convence el argumento de la libertad frente a la seguridad, "porque sí se van a instalar cámaras para el control de tráfico en los accesos al centro y ahí no encuentran colisión de derechos. O se tienen principios o no se tienen. Punto", apostilla.
Doble discurso . Las palabras de Torrijos negando el proyecto de videovigilancia vinieron a desautorizar a su compañero de partido, Jon Ander Sánchez, quien trabajaba desde hacía un año largo en el plan con los comerciantes.
IU llevaba semanas discutiendo internamente la idoneidad del proyecto y finalmente se ha impuesto la visión de su líder municipal, Torrijos, que entiende que las cámaras pueden "limitar o restringir" la libertad de los sevillanos.
Por el momento se desconoce en qué acabará el convenio que el Ayuntamiento tenía previsto firmar con la empresa multinacional Indra, con la que se había pactado un principio de acuerdo para que realizara de forma gratuita un plano de las ubicaciones más adecuadas para las cámaras del centro y los polígonos.
