El comité de empresa de Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, defiende que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, se comprometieron "verbalmente" a compensar a los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la lonja sevillana si, como ha sucedido con 16 miembros de este colectivo, sus rentas por prejubilación motivaban la suspensión de sus subsidios por desempleo. Mientras el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla ordenaba a estos 16 prejubilados de Mercasevilla el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo, un documento firmado en 2004 por Guerrero refleja su compromiso de compensar a un colectivo de prejubilados en una hipotética situación similar.
En concreto, y según muestra un documento firmado por Francisco Javier Guerrero en marzo de 2004 y recogido por Europa Press, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se comprometió con el comité de empresa de una compañía a asumir "el diferencial de costes", en el caso de que "alguno de los perceptores de prejubilaciones perdiera el derecho al cobro del subsidio de mayores de 52 años, por causas imputables a la percepción de rentas por prejubilación".
A tal efecto, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha dicho a Europa Press que durante la negociación del ERE de 2007, Guerrero y Rivas se comprometieron "verbalmente" a asumir "eso mismo" en el caso de los prejubilados de este procedimiento en cuestión. "Eso fue lo que desbloqueó la negociación, aunque no nos dieron documentos", ha dicho Rafael Domínguez.
EL CASO DE LOS PREJUBILADOS DE MERCASEVILLA
El documento de Guerrero, así, conecta con la situación que afrontan 16 de los extrabajadores del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, prejubilados con cargo al expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por esta sociedad mixta. Y es que mediante una sentencia, el Juzgado de lo Social número cuatro estimaba una demanda promovida por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para reclamarles el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo precisamente por causas de incompatibilidad, pues este organismo contabiliza como "ingresos de renta" los contratos de préstamo librados por Mercasevilla en favor de este colectivo cuyas prejubilaciones quedaron paralizadas al desligarse la Consejería de Empleo de su financiación.
La sentencia, emitida el 26 de julio y recogida por Europa Press, argumenta que las cuantías percibidas por estos prejubilados gracias a los contratos de préstamo se atienen al artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, que califica como renta computable "cualquier bien, derecho o rendimiento derivado del trabajo" y que somete la prestación por desempleo, a nivel asistencial, a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. "Estas cantidades abonadas deben ser consideradas como rentas y debe prosperar la demanda", zanja la sentencia, que además defiende que "aún considerando" que los ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla fuesen "solo uno", tampoco se aplicaría la Ley 45/2002 en este caso.
GUERRERO Y LOS ERE
La sentencia, en cualquier caso, no da valor a la documentación esgrimida durante el procedimiento y en la que el exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero encuadraba este expediente de regulación de empleo en la Ley 45/2002 al conectar este ERE con el de 2003. "No es vinculante. No deja de ser un mero informe que carece de objetividad o no es concluyente desde el momento en el que su autor figura como imputado", destaca la sentencia en cuanto al papel de Guerrero en la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas que investiga el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
