Cuando más cerca parecía el fin de la huelga de basuras que tiene en jaque a la ciudad, toda posibilidad de acuerdo estalló en mil pedazos. Hasta el propio comité de empresa, con su portavoz, Antonio Bazo (CCOO) a la cabeza, salía esperanzado de la tercera reunión mantenida con la empresa al afirmar que la oferta era "interesante" y se ajustaba a sus reivindicaciones. Todos cedían y se llegaba a un punto intermedio. Eso sí, no contaba en sus planes que la plantilla se negara de plano, influida por un cocktail de enfado por la política de desprestigio sufrido por el Gobierno local -que en el proceso los ha tildado de vándalos y chantajistas- y por su negativa a perder poder adquisitivo, pese a que este sea del 3,6% y no del 5% de reducción de masa salarial, que era el planteado al inicio de la negociación. El rechazo pilló por sorpresa al Consistorio que, que sondea alternativas para poner freno a la montaña de basura que se amontona por la ciudad -casi siete millones de kilos-, que pasan por iniciar los trámites para que el Ministerio de Sanidad le permita contratar a una empresa externa, petición que se realiza cuando el riesgo sanitario es alto. Pese a todo, dio un voto de confianza al comité, confiando en que la plantilla acepte finalmente la propuesta de acuerdo que sigue sobre la mesa.
Y es que tal fue la repercusión y el clima de rechazo que recibió la negativa de la plantilla, que el comité reculó horas después. Aludió lo ocurrido al nerviosismo existente en el seno la plantilla y avanzó que someterá este jueves nuevamente a votación el preacuerdo que ponga fin a la huelga indefinida. Según fuentes sindicales, en esta nueva tentativa se va a intentar "aclarar" los términos del acuerdo, que aseguran que prácticamente no se expusieron con claridad.
La verdad es que se trató de una asamblea exprés, de apenas 15 minutos de duración y en la que apenas se ahondó en el documento de consenso. Ni siquiera había terminado de explicar los puntos del preacuerdo cuando había quienes ya proferían gritos de "huelga, huelga". Fue justo cuando Bazo comunicó que la reducción salarial se fijaría en el 3,6%, con una previsión de subida del 0,75% para el próximo año y en relación al IPC durante el ejercicio 2015. Aunque trató de explicar que también se había logrado "una reivindicación histórica" -la de la regulación de la bolsa del personal eventual-, la postura de un sector amplio de la plantilla fue clara. Se votó, a mano alzada, y se plasmó una mayoría abrumadora para seguir el paro.
El Gobierno local, entretanto, mostró su "desagradable sorpresa" por tal rechazo, aunque ahora es consciente de que tiene la sartén por el mango. Tanto que acusó al comité de estar "desautorizado" para debatir. "No sabemos con quién negociar si lo pactado verbalmente lo desautoriza la asamblea", manifestó el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, que indicó que el Gobierno local se "replanteará" su posición. El comité, por su parte, defendió su legitimidad.
Y es que, después de ser objetos de críticas por perder ocho días de huelga sin retomar la negociación con la plantilla, ahora el Ayuntamiento se sitúa en una posición de fuerza frente a los sindicatos: se sentaron al final con el comité -tres veces y por espacio de 14 horas-, y llegaron a pactar un principio de acuerdo, como le exigía una ciudadanía hastiada de tanto pulso sin avances. Y lo hizo pese a persistir la quema de contenedores en la calle, que siempre ha atribuido a los trabajadores y cuyo cese era condición sine qua non para empezar a hablar.
Aunque su discurso se mantiene en que su oferta está "dentro del acuerdo suscrito en abril de 2012", bien es cierto que el Consistorio había cedido en una parte del pulso mantenido con los empleados: habían reformulado la ampliación de la jornada laboral de manera que se aplicara como antes del 31 de diciembre, es decir, sin que eso supusiera quitar días de descanso en Semana Santa, Feria, verano o Navidad, sino aplicarla por semanas. También moderaron la rebaja salarial, atendiendo a lo pedido por el comité, combinándolo con la eliminación de complementos como la bolsa de absentismo (180.000 euros de ahorro) o la compensación por exceso o defecto en el cómputo de horas anuales (400.000 euros).
El comité también cedió, ya que su pretensión de rebaja en los salarios se situaba más en la órbita del 2,5% e incluso la previsión de aumento en los años venideros tampoco colmaba sus expectativas, ya que el Ayuntamiento se comprometía a subir los salarios un 0,75% durante 2014 e igual que la subida del IPC en el año 2015. Con ello no se paliaba los cuatro años de congelación salarial que sufrió la plantilla durante los últimos cuatro años por el Plan Financiero aprobado por el anterior gobierno. Además, ese aumento en el futuro está sujeto a la coletilla de que se aplicará "siempre que las disposiciones legales lo permitan", como dicta el escrito.
La oferta, además contemplaba la regularización de la bolsa de trabajo de personal eventual, que, según concretó el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, estaba "muy cuestionada porque era cerrada" y que se quería ampliar de 460 a 1.000 personas, respetando a los que se encontraban en ella pero también aplicando pruebas de acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
Ante tal panorama, el Gobierno local maneja alternativas ante una huelga de mayor duración. Se descarta al Ejército -se llegó a barajar en el caso de Granada-, pero sí se iniciarán los trámites para solicitar la autorización del Ministerio de Sanidad para que una empresa externa se encargue de recoger la basura. Vílchez no se atrevió a dar plazos, aunque sí que se hará "dentro de los trámites legales" y "lo antes posible".
Mientras, las incidencias quedaron relegadas a un segundo plano. Y eso a pesar de que se quemaron 55 contenedores, que elevan la cifra total durante la huelga a un total de 277 y los gastos por daños al mobiliario público en 100.000 euros. El riesgo sanitario sigue bajo, aunque el volumen de basura es notable: 6,7 millones de residuos sin recoger.