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El conflicto laboral de ser madre

La crisis provoca un retroceso en el derecho a conciliar de las trabajadoras.

el 10 may 2010 / 06:57 h.

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Embarazadas en Mercadona, empresa galardonada por favorecer la conciliación.

María es víctima de violencia de género y su marido, el agresor, tiene una orden de alejamiento. El problema es que ambos son profesores en el mismo colegio pero le niegan el traslado. Fátima es inmigrante, madre soltera y trabaja como repartidora. Su jefe la acosó sexualmente y llegó a violarla. Carmen es cuidadora en una residencia de mayores que participa en el programa Igualem para elaborar un Plan de Igualdad mientras a ella le niega una adaptación horaria para cuidar de sus hijos. Los nombres son ficticios pero las historias son casos reales que llegan cada día, y con la crisis se han duplicado, al Servicio de Defensa Legal de UGT-Andalucía contra la discriminación laboral por razón de sexo. Entre las usuarias empiezan a colarse incluso hombres a los que la empresa niega el permiso de paternidad, un derecho incluido en el Estatuto de los Trabajadores a raíz de la aprobación de la Ley de Igualdad en 2007.

Las abogadas de este servicio jurídico gratuito, que el sindicato presta desde 1996 en virtud de un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer, recibieron el año pasado 495 consultas, un 37% más que en 2008, e iniciaron 225 expedientes judiciales (y otros 38 en el primer semestre de 2010). Siete de cada diez consultas (380) eran referidas a la vulneración de derechos laborales relacionadas con la maternidad, fundamentalmente la denegación de la reducción de jornada o de la elección de horario reconocida en la Ley de Igualdad aunque "de forma muy ambigua", según reconoce la secretaria de la Mujer de UGT-A, Ana Pérez Luna. "Se gana cuando se demuestra que la labor de esa trabajadora se puede realizar en el horario que solicita sin perjuicio para la empresa", destaca. 

No todas las consultas que llegan al servicio acaban en denuncia, y de las que sí, muchas no llegan a juicio porque empresa y trabajador llegan a un acuerdo. El año pasado, los expedientes judiciales de este servicio resueltos con sentencia penal fueron ocho: tres condenaron a la empresa, dos la absolvieron y en otros tres se archivó o desestimó la denuncia.  

Pérez Luna reconoce que en los casos de acoso sexual (en 2009 se recibieron 21 consultas por este tema y se abrieron 14 expedientes) y moral (30 consultas y 5 expedientes) que "se da mucho cuando la mujer se reincorpora tras una baja maternal o una excedencia por cuidado de hijos" hay especial miedo a denunciar porque "puede implicar el despido". Cuando se trata de incumplimiento por parte de la empresa de las medidas de conciliación, si hay un despido por reclamar una reducción de jornada o un horario y se demuestra se declara nulo. 

La secretaria de la Mujer de UGT-A reconoce que van en descenso los casos de discriminación salarial (de hecho, el año pasado no llegó al servicio ninguna denuncia de este tipo) aunque "sigue existiendo de manera soslayada". Sin embargo, empiezan a llegar hombres a los que les deniegan incluso los 15 días de permiso de paternidad tras tener un hijo, un derecho conquistado en la Ley de Igualdad y que obligó a modificar el Estatuto de los Trabajadores, por lo que "denegarlo es completamente ilegal, y de hecho, no se suele llegar a juicio porque la empresa llega antes a un acuerdo y lo concede". El año pasado solicitaron este permiso 45.290 trabajadores en Andalucía. 

Servicios. Las discriminaciones laborales por razón de sexo son más frecuentes en las empresas privadas y en los sectores más precarios que coinciden con los más feminizados, como la hostelería, el comercio y distintos servicios. El acoso sexual son especialmente frecuentes "en el servicio doméstico y entre trabajadoras inmigrantes". 

En pleno debate sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar ante la crisis económica, coyuntural, y una crisis más estructural, la que está invirtiendo la pirámide demográfica -las andaluces tienen 1,5 hijos de media y se plantean la maternidad a partir de los 30 años-, Pérez Luna lamenta que "los empresarios cuando ven a una trabajadora con edad de ser madre creen que va a ser problemática porque le va a reclamar más derechos, lo leen como coste económico". La secretaria de la Mujer de UGT-A denuncia que "los empresarios andaluces tienen el compromiso social totalmente anulado y las conquistas sociales, que han costado mucho, con la crisis se están denegando". 

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