La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer un dictamen para seguir arrinconando a Batasuna o cualquier partido ilegalizado y que va más allá de la Ley de Partidos, al plantear una "incompatibilidad sobrevenida" que llevaría a la retirada del acta a un cargo público ya electo.
Con los votos mayoritarios de PSOE, PP y CC, la Comisión Constitucional dio el visto bueno al informe de la subcomisión que durante un año y medio se ha encargado de estudiar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que ahora debe plasmarse en una iniciativa legislativa.
Se plantea en esta reforma la posibilidad de anular una lista de un partido legal por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical y se introduce una nueva figura de "incompatibilidad sobrevenida" para cargos electos en ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales. En esa coyuntura, los afectados deberán optar entre la renuncia a su cargo o "el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad", lo que significa que tendrían que condenar el terrorismo.
También se ampliará el plazo para anular listas "contaminadas", de modo que la Fiscalía o el Abogado del Estado podrán presentar recursos contra una candidatura hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.
Frente a los intereses electoralistas que el PNV ve detrás de este endurecimiento de la ley, el PSOE y el PP justificaron estos cambios por "necesidad social imperiosa en defensa del sistema democrático".
Así el diputado socialista José María Benegas defendió estos cambios que pactó con el PP porque "tapona" las vías ambiguas por las que se podía colar la izquierda abertzale radical en las instituciones democráticas. Lamentó las críticas "no muy dignas" que hizo el PNV a la Ley de Partidos y garantizó que no volverá a suceder que un lehendakari, como ocurrió con Juan José Ibarretxe en una ocasión, pueda resultar elegido con los votos de aquellos que no rechazan la violencia.
El portavoz del PP en la Comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, aclaró que la "incompatibilidad sobrevenida" no será de aplicación automática, sino que los afectados podrán conservar el cargo mediante declaración expresa de condena del terrorismo. Bermúdez de Castro dijo que se puede defender cualquier idea, "pero no cualquier método" y sostuvo que "la democracia tiene derecho a expulsar de sus instituciones a quienes quieren imponer sus ideas por la fuerza" o con su "fraudulento disfraz".
Muy duro fue el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ve "intereses espurios" del PSOE y del PP en esta reforma, que es "una vuelta de tuerca más a la Ley de Partidos".
También la Comisión Constitucional del Congreso aprobó, con el voto en contra de IU-ICV y la abstención de CC, el informe que limita el de voto emigrante, el recorte de gastos electorales o la desactivación de los tránsfugas en los ayuntamientos, que ahora se plasmarán en una proposición de ley que se tramitará en las Cortes el próximo periodo de sesiones con idea de que los cambios puedan aplicarse en las elecciones municipales de 2011.
el voto emigrante. Entre las novedades de la reforma de la legislación electoral figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, la mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios, la simplificación de la papeleta para el Senado o el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia. El informe además establece la prohibición de actos de inauguración en campaña electoral, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes, la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.
Todos los grupos parlamentarios se mostraron satisfechos, excepto IU y UPyD, que querían una reforma a fondo de la legislación electoral para corregir la proporcionalidad.
