El pleno del Congreso aprobó ayer la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto de medidas urgentes que permitirá a las televisiones fusionarse sin límite de participación, con el objetivo de introducir modificaciones a la propuesta inicial del Ejecutivo.
En la votación de la Cámara Baja, la iniciativa contó con el respaldo de PSOE, PP y CiU para convalidar el Real-Decreto, mientras que las formaciones políticas de PNV, ERC y UPyD votaron en contra. Posteriormente, hubo unanimidad entre todos los partidos para tramitar el Real Decreto como proyecto de ley. Por ello, el texto pasó ayer a tramitación ordinaria en el Congreso y en el Senado, lo que permitirá a los grupos políticos introducir modificaciones en el mismo.
No obstante, el Real Decreto, que entró en vigor el pasado 24 de febrero, tal y como ya informamos en El Correo, seguirá vigente hasta este proceso de tramitación y, de esta manera, los operadores podrán fusionarse sin el 5% de tope accionarial establecido antes de esta medida.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó que el decreto se justifica para garantizar la solidez financiera de los operadores, en un momento en que "el mercado publicitario está experimentando un importante ajuste".
El portavoz socialista en la Comisión Mixta de RTVE, Oscar López, explicó que la decisión de tramitar el decreto como proyecto de Ley se tomó a raíz de la petición de las formaciones minoritarias, las cuales consideraban que se producía una "invasión" de competencias territoriales.
A lo largo del debate, López aseguró que esta medida garantizará la cobertura para todos los ciudadanos de la TDT y la pluralidad del sector audiovisual. A pesar de las críticas recibidas por la "urgencia" del Real Decreto, subrayó que "si algo no le falta al Gobierno, es una hoja de ruta en el trazo del mapa audiovisual".
Por su parte, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, se mostró "de acuerdo" con ayudar al mercado para hacer frente a la crisis, que golpea especialmente a este sector. Sin embargo, calificó al Real Decreto de "batiburrillo de disposiciones inquietantes", que sostiene tesis "contradictorias".
Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, este acuerdo "garantizará el pluralismo informativo" en el sector televisivo y "fortalecerá financieramente" a las empresas que prestan servicios de televisión en un "momento grave" de descenso de la publicidad.
Respecto a las televisiones públicas, este nuevo Real Decreto indica que el Estado no podrá adjudicar más del 25% del espacio total disponible a los operadores en el ámbito nacional. En las comunidades autónomas y las zonas locales, este límite aumentará hasta el 50%.
