El acuerdo unánime alcanzado ayer por los portavoces de los grupos del Congreso para celebrar plenos en enero y julio hará que los miembros del Gobierno se sometan a cuatro sesiones de control más al año: una en enero, otra en la primera semana de febrero y otras dos cada mes de julio.
El pacto cerrado en la reunión de ayer por la mañana entre los portavoces y el presidente del Congreso, José Bono, pone fin a las llamadas "vacaciones parlamentarias" de los meses de enero y julio sin necesidad de modificar la Constitución ni el Reglamento de la Cámara, porque supone un mero "acuerdo político" de voluntades.
Habrá por tanto sesiones extraordinarias en enero -una- y en julio -dos-, quedando agosto como mes de asueto para los diputados, y en todas ellas habrá control al Gobierno, esto es, preguntas e interpelaciones a cargo de los diputados, una cuestión en la que había insistido especialmente el Partido Popular.
El Congreso emitió por la tarde una nota en la que explica que el acuerdo consiste en adoptar "las medidas oportunas" para poder celebrar estos plenos, así como sesiones de comisión, en julio y enero, con el compromiso de incluir un pleno en la primera semana de febrero, que tradicionalmente quedaba "vacante" de actividad. Las medidas de las que habla la nota consisten, según explicaron a Efe diversas fuentes parlamen- tarias, en que la Diputación Permanente acuerde al fin de cada periodo ordinario la convocatoria de los plenos, con su correspondiente orden del día.
Por necesidades reglamentarias, el contenido de las preguntas e interpelaciones deberá ser fijado por la Diputación Permanente, que es el órgano que sustituye al pleno en los periodos inhábiles, y no podrá modificarse, como ocurre en las sesiones ordinarias de control.
