A 56 días para que el virtual ganador de las elecciones, Porfirio Lobo, asuma la presidencia, encerrado en la Embajada de Brasil desde el pasado 21 de septiembre, y con el acuerdo de Tegucigalpa-San José convertido en agua de borrajas un mes después de su firma, Zelaya se ha quedado sin alternativa para recuperar la Presidencia. El Congreso ratificó por abrumadora mayoría el decreto que había aprobado el pasado 28 de junio para determinar la destitución de Zelaya, tras ser derrocado y expulsado del país por los militares, a pesar de que varios diputados recordaron en la sesión que la Constitución no da al Parlamento esa atribución.
Más allá de la legalidad o no, la postura del Legislativo completó el quinto punto del acuerdo de Tegucigalpa-San José, firmado el pasado 30 de octubre, y terminó de cerrar la trampa en que se convirtió ese pacto para Zelaya.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, asestó el primer golpe al acuerdo al formar unilateralmente el Gobierno hondureño de unidad previsto en el pacto para el 5 de noviembre, y el Congreso le dio el golpe definitivo al posponer la decisión de la restitución hasta después de las elecciones generales del pasado domingo. Ahora Zelaya se ha quedado ante un incierto escenario de difícil solución. "La decisión del Congreso sella el destino de Zelaya, que en mí opinión tiene ahora tres opciones: quedarse en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, salir de ella y ser detenido para ser juzgado de los delitos de los que se le acusa o negociar un salvoconducto para ir al exilio", según indicó a Efe el analista político Manuel Torres.