El Congreso rechazó ayer la enmienda incluida en la Ley de Sociedad de la Información que emplazaba al Gobierno a eliminar, en el plazo de un año, el polémico canon digital, una tasa con la que se grava los sistemas de soporte para reproducir, grabar o almacenar música.
La enmienda, propuesta por Entesa Catalana de Progrés en el Senado, instaba al Ejecutivo a suprimir este impuesto y a buscar "fórmulas alternativas" para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual. Pese al apoyo del PP y de ICV (149 votos), la enmienda fue rechazada gracias a los votos en contra del PSOE, CHA, CiU e IU (176 votos) y a las abstenciones del BNG, PNV y ERC (22 votos).
Al margen de la decisión tomada ayer por el Congreso, este impuesto será actualizado el próximo año, ya que, los ministerios de Cultura e Industria han difundido una propuesta que impone nuevas tasas y rebaja otras ya existentes.
Las nuevas tasas, que el Gobierno quiere que aplicar desde mediados de enero, (deben aprobarlas Economía y el Consejo Estatal de Consumidores y Usuarios) gravarán los MP3 y MP4, con 3,15 euros; los teléfonos móviles y PDA -agendas digitales- con MP3 (1,5 euros); y los dispositivos de almacenamiento (30 céntimos). Además se rebajarán las tasas actuales de los CD-R hasta los 17 céntimos, las de los DVD-R (44 céntimos), y las de las grabadoras de CD y DVD (3,40 euros).
En el plano político, Diego López Garrido (PSOE) defendió que el canon es un "elemento fundamental" de protección de los autores y "la actualización del antiguo derecho a la propiedad intelectual". Criticó que el PP respaldara ayer la supresión del canon "de manera oportunista y vampirizando la iniciativa de Entesa". José Antonio Labordeta opinó que esta tasa permite que las copias sean legales y recordó que el 60 por ciento de lo recaudado se dedica a la ayuda social de los artistas.
Desde CiU, Jordi Vilajoana defendió la utilidad del canon porque sirve para defender los derechos de autor y porque la copia privada debe tener "una compensación" para los artistas, aunque reconoció que el Gobierno debería "auditar a las sociedades que gestionan el canon y aumentar su transparencia". Para Isaura Navarro (IU-ICV), es una tasa "incoherente e indiscriminada" que no debería ser gestionada por una institución privada como la SGAE, sino por una pública y explicó que esta coalición parlamentaria votaría por separado. El diputado popular José Ignacio Echániz explicó que su grupo "defiende la propiedad intelectual y la justa retribución de los autores" pero que esta tasa no puede aplicarse "con procedimientos injustos para la sociedad" porque "es inaceptable" castigar 'a priori' a todos los que compran tecnología.
