La Fiscalía Antidopaje del Comité Olímpico Italiano (CONI) solicitó ayer a su Tribunal dos años de suspensión para el ciclista español Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) por la violación del Código Mundial de la AMA.
El organismo indicó en un comunicado que pide este castigo para el corredor murciano por quebrantar el artículo 2.2 de dicho código, referente al "uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido".
De todos modos, este castigo sólo sería válido en territorio transalpino, y para que se extendiense a nivel mundial, tendría que iniciarse un procedimiento por la Unión Ciclista Internacional (UCI) o la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).
"De momento, éste es un proceso de las autoridades italianas y bajo la jurisdicción italiana. La UCI tendrá que esperar hasta que el proceso finalice para ver cómo procede", indicó al respecto el presidente de la UCI, Pat McQuaid, a la agencia Reuters.
El CONI está investigando a Valverde por su posible implicación en la Operación Puerto a raíz de un control antidopaje que se le realizó durante el pasado Tour de Francia cuando la jornada acabó en suelo italiano, en Prato Nevoso. Valverde fue interrogado por este hecho el pasado 19 de febrero y tras esta audiencia en Roma, el fiscal antidopaje Ettore Torri confirmó "con certeza" que la bolsa número 18 contenía la sangre del jefe de filas del Caisse d'Epargne, contrastada con la del mencionado control en la Grande Boucle.
De todas formas, un día antes, el juzgado de instrucción número 31 de Madrid había declarado nulas las actuaciones del CONI sobre el español, uno de los principales argumentos a los que se aferran sus abogados, el español José Gómez y el italiano Federico Cecconi. En el caso de que el murciano fuese sancionado, podría recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
COMPETENCIA ESPAÑOLA
El Consejo Superior de Deportes (CSD) subrayó que "respeta" la autonomía del CONI, pero recuerda que la resolución de la Operación Puerto es competencia española y que la Federación Española de Ciclismo "solicitó el pasado 23 de febrero la obtención de todas las pruebas en poder del juzgado para iniciar los correspondientes expedientes administrativos".
