Juan Ignacio Zoido empleó ayer dos armas en su interpelación al consejero de Empleo: el ERE de Mercasevilla autorizado en 2007 y admitido por todas las partes en varias ocasiones; y la declaración de Fernando Mellet ante la Policía Judicial. Éste relató una llamada de Antonio Rivas: "Hay que solicitar a La Raza una colaboración voluntaria".
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, volvió a hacer ante Zoido en el Parlamento andaluz una vehemente defensa del delegado provincial de Sevilla, Antonio Rivas, quien ya ha sido señalado por la fiscal y por el juez instructor del caso, aunque aún no haya sido imputado: "Usted se basa en lo que diga Mellet, la única persona que parece que está claro que ha intentado cometer una actividad ilícita. Lamento que sea usted el único que le da validez a su palabra". Esta respuesta se produjo después de que Zoido dedicase parte de su intervención a las citas textuales de las declaraciones realizadas por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce ante la Policía Judicial cuando ésta investigaba la grabación en la que supuestamente le solicitan el pago de una comisión de 450.000 euros como condición para acceder a una subvención de 900.000 euros para montar una escuela de hostelería.
"Mellet dijo, y cito textualmente 'Hay que solicitar a La Raza una colaboración voluntaria... como compensación a la subvención concedida'. Y Ponce dijo 'Ha sido Antonio Rivas quien ha dicho explícitamente quien tiene que pedir el dinero al Grupo La Raza aunque no obstante él -en alusión a Rivas- también se lo ha dicho a La Raza". Según fuentes del caso, en esta misma declaración el ex gerente Fernando Mellet afirma que "en modo alguno Rivas tuvo la intención de condicionar la subvención con la colaboración solicitada", unas palabras que resumen los argumentos de la defensa: no se exigió nada ilegal a los empresarios.
El segundo eje de la intervención de Juan Ignacio Zoido fueron los Expedientes de Regulación de Empleo aprobados a Mercasevilla. Uno en 2003 para 74 trabajadores -tras el cual, según los populares, se realizaron 66 contratos- y un segundo en 2007 que afectó a 63 trabajadores. En éste último se encuentra el ex número dos de Mercasevilla, Daniel Ponce, que seguirá en la empresa previsiblemente hasta diciembre.
Fernández le respondió con la normativa en la mano. El 29 de marzo de 2007 la dirección de la empresa y el comité aprueban un ERE mediante un plan de prejubilaciones anticipadas para los trabajadores que justifican por la crisis económica -aunque fue ese año el primero en el que la empresa dio beneficios-. El 17 de mayo de 2007, la Delegación Provincial de Empleo respondió afirmativamente. Lo justificó así: "El acuerdo constituye un verdadero contrato bilateral consensual (sic) con trascedencia exterior, de donde deviene que para su resolución es preciso el mutuo acuerdo de quienes lo alcanzaron. (...) En el presente concurren las circunstancia económicas y organizativas que contempla el estatuto de los trabajadores al no apreciarse dolo, fraude, coacción o abuso de derecho". En los mismos términos se expresa la Inspección de Trabajo. Ambos se basan en la legislación que recoge que cuando el comité y la empresa pactan un ERE la autoridad competente en materia de empleo debe aceptarlo.
Para Zoido, denunciante del caso en los juzgados, hay indicios suficientes para considerar lo ocurrido como "una trama" en torno a la Junta de Andalucía. Para Fernández, el PP va demasiado lejos: "Le pido respeto a la militancia y al PSOE. Aplíquese usted la presunción de inocencia que tanto pregona su jefe del PP, Mariano Rajoy".
