El desconcierto existentente en torno a los dos expedientes de regulación de empleo aprobados en Mercasevilla fue empleado ayer de nuevo por el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, para arremeter contra la gestión de la Junta de Andalucía. En esta ocasión, fue el consejero de Empleo quien le respondió con vehemencia y quien trató de acreditar con un documento remitido por el Banco Vitalicio el argumento que la Consejería usa desde hace meses: sí se colaboró en el ERE de 2003, con 4,2 millones de euros –sobre un total de 4,8 millones– , según el certificado expuesto por el propio Fernández, pero no en el de 2007, en el que los 395.294 euros han sido abonados por la empresa.
Pese a estos datos, la principal denuncia del PP es que se aprobase un nuevo ERE en 2007 tras demostrarse que el de 2003 –financiado casi integramente por la Junta de Andalucía– no sólo no redujo la plantilla, sino que produjo un aumento. “Ustedes dieron luz verde a otro ERE cuando el primero había sido fraudulento. Y según Mercasevilla y la plantilla ustedes se comprometieron a pagar este ERE. En este asunto hay muchas dudas, y alguien está mintiendo”, indicó Zoido.
Ante estas acusaciones, el consejero de Empleo, en la misma línea de las declaraciones realizadas la pasada semana por el secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, respondió al PP con dureza: “Ha empleado falsedades manifiestas. Hay un certificado que demuestra que no hemos pagado nada en el ERE de 2007. Usted realiza una adaptación camaleónica, de pronto dice que el ERE es fraudulento, y luego se pone de lado de los trabajadores. Pero tenga cuidado y cuide de su concejal Beltrán Pérez y sus acusaciones”.
Fernández llegó a aludir al pasado de Zoido para desacreditarle. El consejero subrayó que en 2003, cuando se firmó el primer ERE, el actual portavoz del PP era delegado del Gobierno en Andalucía: “Y usted tenía las competencias de la Inspección de Trabajo. Está desacreditando a quienes eran sus subordinados”.
“Ni hay fraude –concluyó Fernández– ni hay papeles escondidos, no hay nada salvo esa locura permanente contra el Gobierno de Sevilla y su odio al alcalde”. Desde el PP, no obstante, subrayaron que el control que ellos reclaman se debió realizar en 2007 al demostrarse que el primer ERE no redujo la plantilla.
El Gobierno local, a través de su portavoz, Maribel Montaño, también destacó la evolución del caso y la declaración de Noga, que negó sentirse perjudicada. Lo usó para lanzar un mensaje: “Hay que aclarar la verdad, no buscar delitos inexistentes”.
