El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha abierto en el último mes cinco expedientes a televisiones locales por la emisión en franjas de protección de menores (de 18.00 a 22.00 horas) de espacios publicitarios con contenidos pornográficos.
En todos los casos, el CAA comunica a los operadores que estas infracciones son consideradas infracciones graves de la normativa, para las que están previstas sanciones con multas de hasta 300.000 euros.
Carmen Fernández Morillo, miembro del Consejo Audiovisual, explicó ayer a Europa Press que la institución ha empezado a abrir expedientes a operadores de televisión después de realizar advertencias generales y particulares sobre las infracciones más frecuentes y anunciar por escrito la intención del Consejo de ejercer su potestad sancionadora, sobre todo cuando se trata de proteger los derechos de la infancia. Hasta ahora, todos los expedientes se han abierto por la emisión de programas y publicidad entre las 18.00 y las 22.00 horas, susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
En todos los casos, el Consejo ha iniciado un procedimiento de información previa para que los operadores de televisión afectados realicen las alegaciones y manifestaciones que estimen oportunas. Fernández Morillo anunció que es intención del Consejo fomentar la autorregulación pero sin renunciar a que se respeten las normas, especialmente cuando se trata de proteger a los menores.
La consejera intervino ayer en Madrid en las jornadas que con el título Regulación o autorregulación se han celebrado en la Fundación Sindical de Estudios de Madrid, donde abogó por que Andalucía cuente con una ley general para el sector audiovisual que ordene la abundante pero fragmentada normativa que regula la publicidad y la programación, resolviendo el vacío jurídico existente frente a determinados contenidos y la dispersión de competencias.
"Somos conscientes de que, en estos momentos y frente a múltiples infracciones de la legislación y vulneración de principios protegidos por el ordenamiento jurídico, no se puede ir en Andalucía mucho más allá de amonestar públicamente al operador, como ha hecho el Consejo en la mayor parte de sus resoluciones", señaló.
