El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña ha dictaminado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) vulnera competencias del Govern porque no respeta el Estatut, y ahora el Ejecutivo catalán deberá decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
El dictamen, de 31 páginas, del Consejo Consultivo señala que el fondo, aprobado en junio por el Gobierno central por decreto ley, invade competencias porque no respeta el derecho de veto de la Generalitat en operaciones de creación o fusión de cajas de ahorros intervenidas por el Banco de España.
En concreto, el texto dictamina que se entra en "directa contracción" con lo que establece el artículo 120 del Estatut en base a la Ley de Cajas de Ahorro de Cataluña, por la que "las absorciones y las fusiones de cajas de ahorros con domicilio en Cataluña deben ser autorizadas por el Govern".
El decreto del Gobierno prevé que el Banco de España pueda autorizarlas en determinados casos sin requerir ninguna autorización administrativa ulterior, y sólo contempla que la Generalitat pueda enviar un informe no vinculante al Banco de España, que será el que autorice el proceso financiero.
En todo caso, se da un plazo máximo de diez días a la ministra de Economía, Elena Salgado, para poder abortar dicha operación.
En respuesta, el Ministerio de Economía y Hacienda subrayó ayer que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria respeta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat estimara que el fondo vulnera el Estatut.
Desde el departamento recordaron que la vicepresidenta económica del Gobierno ya indicó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de julio que el fondo es "plenamente respetuoso" con el reparto competencial y, por tanto, constitucional.
Concretamente, Salgado aseguró entonces que el decreto ley que regula la creación del fondo respeta el "bloque de constitucionalidad" de las competencias repartidas entre Estado central y autonomías y es "plenamente respetuoso" con ellas.
La ministra de Economía incidió durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja en que su objetivo es garantizar una intervención ágil y eficaz del Banco de España cuando sea necesaria, evitando que peligre la viabilidad de unas entidades que puedan entrar en riesgo.
En este escenario, fuentes del PSC aseguraron que apoyarán cualquier decisión que tome la Generalitat, pese a que los 25 diputados que tienen en el Congreso votaron a favor del decreto ley en su momento.
Desde ERC e ICV-EUiA abogaron por presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, y recordaron que ya votaron en contra de la aprobación del fondo.
Fuentes de ERC concretaron que el Gobierno se "extralimitó" aprobando el FROB y que debería haber consultado antes a la Generalitat.
Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, defendió su posición alegando dos motivos: "Supone una invasión de competencias y abre la puerta a un proceso de privatización de las cajas".
