El Consejo de Estado -órgano consultivo del Gobierno- avaló ayer la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto que promueve el Ejecutivo, pero incide en la oportunidad de que los padres de las menores de edad sean informados de la decisión de sus hijas de interrumpir el embarazo.
Entre las modificaciones planteadas por este organismo destaca la de diseñar alguna fórmula para que los padres de las chicas menores de edad sean informados de la decisión de éstas. El informe del Consejo de Estado, cuyo ponente fue Miguel Herrero de Miñón, resultó aprobado por unanimidad. En cuanto a las chicas de 12 a 15 años, que sí necesitan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, el órgano señala que deberían ser escuchadas.
El informe también sugiere cambios en cuanto se refiere al "procedimiento informado" que se debe seguir antes de la interrupción de un embarazo. El Consejo precisa que la información a las embarazadas no debe tener carácter de consejo y que debe estar al margen de consideraciones religiosas. Hay que respetar al máximo la libertad de la mujer, pero, al mismo tiempo, ésta debe recibir una información amplia y no sólo sobre las ayudas a la maternidad, sino también sobre las circunstancias que concurren en cada caso. Debe ser una información individualizada que tenga en cuenta las necesidades y características de la paciente.
Durante los próximos días, el Gobierno estudiará las sugerencias planteadas por todos los órganos que se han pronunciado sobre la ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, previsiblemente la próxima semana. El dictamen del Consejo de Estado sobre la ley no se entregará al Ministerio de Igualdad hasta mañana.
La ley sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre. La reforma contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
