Niños de una escuela infantil comen el desayuno que les sirve una de las maestras.
El Consejo de Europa, un organismo internacional que promueve políticas, leyes y valores democráticos comunes a todos los Estados europeos, puso ayer como modelo de política social a exportar el reciente decreto ley andaluz contra la exclusión social, apuntan fuentes del Consejo. La ley, aprobada a principios de mayo, ha movilizado 120 millones del presupuesto autonómico para distintas medidas contra la pobreza: un plan para sufragar empleos para parados de larga duración, un programa de alimentación para los estratos más vulnerables, que garantiza tres comidas al día a niños con malnutrición, un impulso a la atención a la dependencia y ayudas económicas para familias sin ingresos.
El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ensalzó el decreto ley andaluz, que conoció en una visita a Sevilla esta semana, sobre todo puso en valor el plan del refuerzo alimentario en los colegios, tras mostrar su preocupación por la tasa de malnutrición infantil, e instó al Gobierno a que trabaje con las comunidades para buscar la mejor solución, informa Europa Press. El Ejecutivo central respondió ayer que pondrá en marcha un plan general contra la exclusión social, para atender a dos millones de niños en situación de malnutrición a través de ONG. Antes fue Canarias y, ayer, Cataluña las que anunciaron planes de refuerzo alimentario similares al andaluz, tras hacerse público un informe que detectó 2.865 niños con problemas de alimentación sólo en Barcelona.
La Junta celebró que el decreto ley andaluz esté sirviendo de ejemplo al Gobierno central, después de que el PP ridiculizara el plan de refuerzo alimentario y acusara al Ejecutivo de José Antonio Griñán de asemejar Andalucía con Etiopía.
El comisario del Consejo de Europa ofreció ayer una rueda de prensa en Madrid, tras haber pasado cinco días en España entrevistándose con diversas autoridades de Sanidad, Justicia, Educación y de las fuerzas policiales. El plan alimentario andaluz, dijo, supone un significativo esfuerzo económico. Creo que la clave es evaluar el impacto de los programas que se están implementando y una vez identificados los mejores, ponerlos en marcha en el resto de autonomías, subrayó Muiznieks, que admitió haber escuchado con preocupación historias de niños que se desmayan en clase porque no han comido, que acuden dos y tres semanas con la misma ropa al colegio o que están en una situación de vulnerabilidad tras un desahucio.
El comisario se mostró sorprendido de que las competencias para mitigar esta situación estén en manos de las comunidades, y se alertó con que de un presupuesto de Educación de 50.000 millones para toda España el Estado sólo destine 2.500 millones a esta labor, conforme le hizo saber el subsecretario de Educación, Fernando Benzo. El número tres del ministro José Ignacio Wert le dijo que quizá los colegios no eran el lugar para implementar las políticas sociales, a lo que el comisario europeo le respondió: Yo creo que es la manera más eficaz de que dispone el Estado para llegar a todos los chavales y asegurarse de que efectivamente, están comiendo.
