Manuel Ruiz de Lopera envió el viernes un comunicado para criticar la tardanza de Mercedes Alaya en resolver los distintos recursos planteados por la defensa y la Fiscalía en la causa que contra el ex máximo accionista del Betis lleva el Juzgado de Instrucción número 6. Hasta aquí, todo normal. Lo que ya no es tan normal, o por lo menos es una casualidad muy grande, es que el Betis divulgase ayer otra nota en la que hace lo mismo. Pero así es. El consejo de administración, que según la jueza sigue siendo una extensión de Lopera, habla de "absoluta paralización procesal" de esos recursos, algunos de los cuales "se remontan ya a cinco meses", y lo considera "grave y alarmante".
A juicio del consejo, "se atropellan e ignoran los derechos fundamentales de los perjudicados", sobre todo por las medidas cautelares impuestas por la magistrada en julio. "Podrían vulnerar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías", advierte el Betis, que entiende que "la sobrecarga puntual de trabajo [...] no es excusa" para no "activar un sencillo y simple mecanismo", como enviar los recursos a la Audiencia. Por eso culpa al Juzgado de aumentar la "incertidumbre e inestabilidad" en el Betis y amenaza con una "posible reclamación de daños que ante esta situación se le pudiera estar ocasionando" al club de Heliópolis.
La réplica está clara por parte de la acusación. "La culpa no es de la jueza, sino de los veintitantos recursos que ha planteado la defensa en los últimos meses", dice Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis. El recurso contra las medidas cautelares, por cierto, probablemente sea enviado a la Audiencia esta misma semana, según fuentes jurídicas.
