El Consejo Escolar de Andalucía -un órgano consultivo que evalúa las políticas educativas de la Junta antes de que sean aprobadas- ha remitido un informe a la Consejería de Educación advirtiéndole de que el borrador del nuevo decreto de escolarización no contiene las garantías suficientes para propiciar el "reparto equilibrado" de alumnos inmigrantes, discapacitados y con problemas socioeconómicos entre centros públicos y concertados, como pretende la Junta.
El Consejo insta al departamento de Francisco Álvarez de la Chica a introducir cambios en la nueva norma que regulará los criterios de admisión de alumnos en los colegios andaluces a partir del curso que viene. Educación tendrá que someter las propuestas del órgano consultivo a votación antes de refrendar el texto definitivo pasado mañana, en mesa sectorial. El Consejo Escolar propone dar más poder a las comisiones de garantía para que, además de vigilar de cerca el proceso de escolarización, puedan condicionar el reparto de inmigrantes. Por ejemplo, evitar que entren más niños inmigrantes en escuelas donde ya hay muchos, mientras otras apenas tienen.
El nuevo decreto, que aún está en fase de borrador, incluye un artículo que menciona explícitamente la necesidad de garantizar la "distribución equilibrada" de alumnos inmigrantes, discapacitados o de un entorno desfavorecido. Este problema tiene dos vertientes: por un lado, el número de inmigrantes en centros públicos es siete veces mayor que en los concertados. Por otro, dentro de un mismo distrito escolar, también se producen desigualdades: hay escuelas que por su ubicación en barrios desfavorecidos concentran más alumnado difícil y otras que no tienen esta diversidad sociocultural en sus aulas.
La normativa que entrará en vigor en marzo -mes de la escolarización- recoge una intención clara de lograr un reparto más equitativo. Pero al estudiar el borrador, los miembros del Consejo Escolar de Andalucía, reunidos en sesión plenaria el pasado 25 de noviembre, concluyeron que el decreto por sí mismo no garantizaba ese reparto equilibrado. Como prueba, constataron que la Ley de Educación Andaluza (LEA) ya confiere esas garantías de las que habla el texto, pero en la práctica siguen sin cumplirse.
La LEA dice: "se reservará hasta el final del periodo de matrícula un máximo de tres plazas por unidad en los centros públicos y privados concertados". Pero la realidad es que el 92% de alumnos extranjeros (94.131) estudia en centros públicos y el 8% (7.707) en la concertada.
En el dictamen del Consejo Escolar, al que ha tenido acceso este periódico, "se insta a la Consejería de Educación a que las Comisiones de Garantía contemplen entre sus funciones la supervisión y control de la escolarización, a fin de garantizar la distribución equilibrada del alumnado con necesidad de apoyo educativo, así como las de arbitrar medidas correctoras cuando sean necesarias para el cumplimiento de este objetivo". Entre las "medidas correctoras", según miembros del Consejo Escolar consultados, estaría fijar un "tope" en el número de estudiantes con necesidades especiales que acceden a una escuela. "Por ejemplo, se fija un límite de 15 alumnos inmigrantes por colegio. Si ya hay 15 matriculados, ese colegio no participaría en el reparto de alumnado foráneo en su distrito escolar. Y las matrículas nuevas que lleguen serían derivadas al centro más cercano con menos inmigrantes en sus aulas", explican estas fuentes.
Las comisiones de garantía son órganos que crea el decreto -compuestos por técnicos de Educación y por padres de alumnos- cuya función será vigilar la escolarización de cerca. El Consejo Escolar le ha pedido a Educación que confiera más poder a esos equipos de control, que tengan potestad legal para "corregir" el proceso de escolarización "si se concentran demasiadas solicitudes de alumnos inmigrantes o discapacitados en una misma escuela" o "para que en la escolarización sobrevenida [con el curso ya empezado] eviten los colegios ya saturados con alumnado difícil".
