La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifestó ayer en el marco de la clausura del Foro Internacional sobre Salud Sexual y Reproductiva, su "máximo respeto" ante las conclusiones del Consejo Fiscal, organismo asesor del Fiscal General del Estado, según las cuales la ley de plazos prevista en el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es inconstitucional, por cuanto deja en desprotección al nasciturus, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
"Como siempre, el Gobierno respeta todas las opiniones sobre este asunto, y vamos a estudiar todas las sugerencias y recomendaciones que realicen los órganos consultivos para remitir al Parlamento la mejor ley posible", señaló Aído y destacó que "queda un largo camino parlamentario para que todos los grupos puedan alcanzar el mayor consenso sobre esta ley".
Al término de este encuentro, Aído señaló que una adecuada salud sexual y reproductiva requiere políticas públicas orientadas a la prevención. "De ahí la propuesta del Gobierno español de elaborar una ley de salud sexual y reproductiva, además de abordar la regulación en materia de intervención voluntaria del embarazo", indicó.
La ministra de Igualdad destacó que "la nueva ley va a contener un amplio catálogo de cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, poniendo especial atención en la educación sexual de los jóvenes españoles, en la prevención de embarazos no deseados, en la información y flexibilidad de los diversos métodos anticonceptivos", y apuntó que, de esta forma, "se dará cumplimiento a las recomendaciones internacionales".
