El Ayuntamiento de Sevilla reconoce expresamente no disponer de personal suficiente como para atender con la eficacia administrativa exigible las denuncias que presentan los ciudadanos por los ruidos que generan los bares y terrazas en verano. Así lo admite el director general de Medio Ambiente del Consistorio en una carta en contestación a una queja del Defensor del Pueblo Andaluz promovida en nombre de la Plataforma por el Derecho al Descanso. En la misiva, dirigida a la jefa de servicio de Alcaldía, el director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña Blanco, llega a asegurar que mientras no exista mayor dotación de personal será imposible acortar los plazos para resolver todos los expedientes.
En su argumentario, este cargo de Medio Ambiente desestima por imposible las recomendaciones que plantea el Defendor del Pueblo Andaluz en su queja para que se acorte el plazo máximo para resolver los expedientes disciplinarios y la resolución definitiva. Esta cuestión es imposible de realizar en menor tiempo con la dotación de personal existente, aunque a continuación detalla que la situación está en curso de solucionarse por la Dirección General de Recursos Humanos dentro de las normas de provisión de vacantes, disponibilidad, etc, que siendo de ámbito nacional afectan al ámbito local.
Con todo, el director general de Medio Ambiente defiende en su carta que esta falta de agilidad administrativa en la resolución de las denuncias por ruido no es una ilegalidad, puesto que la ley nos permite un año para resolver a contar desde la fecha de resolución de la iniciación. Peña Blanco admite más bien que nos encontraríamos ante la petición de una mayor eficacia administrativa, que por otra parte, y en determinados casos, sería lógico atender por las situaciones de ruidos que provocan determinadas actividades. Además, en la misiva, fechada el pasado 26 de junio, manifiesta que los casos más graves demostrados por reiteración dedenuncias u otras formas de detección ya se atienden con la eficacia requerida, pero mientras no exista mayor dotación de personal apostilla, será imposible acortar los plazos para resolver todos los expedientes.
En la tramitación de esta queja el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, recomendaba también al Ayuntamiento de Sevilla cumplir los plazos que se conceden al responsable de la actividad para la retirada de elementos no licenciados de su negocio y medición de ruidos. Una encomienda que, según admite el director general de Medio Ambiente, también chocaría con el problema de la disponibilidad, puesto que esta actividad (de control) se desarrolla en horario de tarde-noche. Peña Blanco señala a continuación que este problema de la disponibilidad de personal para realizar las tareas de inspección en los bares y terrazas objeto de denuncia también está en trámites de soventarse por la provisión de mayores medio económicos y personales, a la vez que informa de que es la Policía Local la encargada de detectar los incumplimientos en el horario de cierre de estos negocios.
A la vista de la respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a la queja tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz, la Oficina que dirige Jesús Maeztu considera que no ha sido aceptada su resolución, por lo que procede a archivar el expediente promovido en nombre de la Plataforma por el derecho al descanso.
Esta queja fue formulada a raíz del expediente de queja presentado por una integrante de la Plataforma por el derecho al descando, Dolores Dávila, por los elevados nivelees que soportó el pasado verano en su domicilio por la actividad de una terraza situada en el paseo Juan Carlos I.
"Una tomadura de pelo". Desde la Plataforma por el Derecho al Descanso denuncian la falta de control sobre los bares que emiten ruidos y se lamentan de que en muchos casos de nada sirve denunciar. Dolores Dávila, presidenta de la asociación de vecinos Estación de Córdoba, asegura que su vecindario lleva sufriendo cuatro años los ruidos de la terraza Priscilla, en el paseo Juan Carlos I, que más que una terraza es una discoteca al aire libre. En estas terrazas ocurre que las quejas de los vecinos se producen en verano, la sanción al bar les llega en octubre, y en la mayoría de las veces le cierran 6 meses, curiosamente cuando se inicia la temporada baja de estos negocios y las terrazas ya no tienen actividad, permitiéndoles de nuevo su apertura en mayo, curiosamente también cuando comienza la temporada para las terrazas. Es una auténtica tomadura de pelo, se queja. La única salida que nos queda son los tribunales, asegura Dávila, de ahí que estén recopilando datos e información para realizar alegaciones a la casi totalidad de la ordenanza municipal sobre ruidos, e incluso no descartan llevar este asunto hasta el Parlamento Europeo.
