El pulso interno sobre la figura de Jordi Maymó como gerente de Mercasevilla ha vuelto a estallar en el seno de la empresa. Todos los mayoristas de pescado -una cuarentena- han recibido o recibirán en los próximos días una notificación por la apertura de un expediente sancionador que puede derivar en la retirada de sus licencias (como castigo por los paros realizados en protesta por las actuaciones del director gerente) y amenazan con más protestas si no hay un relevo al frente de la empresa.
Este nuevo episodio coincide con la finalización por parte de Deloitte de la anunciada auditoría de las cuentas y con el cierre de 2009 -aunque las cuentas no estarán listas hasta marzo-, el primer ejercicio después de Fernando Mellet, y que ya viene marcado (como advirtió la propia dirección hace meses) por "los artificios contables" de los ejercicios anteriores. La auditoría se presentará este mes en un consejo de administración que el Ayuntamiento quiere hacer coincidir con la salida de Maymó, que justifica por su breve contrato -ya anunció públicamente el equipo de Gobierno que tiene una duración inferior al año y que no se renovaría- y en sus propios deseos. El objetivo es que la empresa vuelva a quedar en manos del Gobierno local a través del delegado Alfonso Mir. Pero es el propio ex gerente de Mercabarna quien rechazó ayer estos planteamientos: "En absoluto tengo intención de irme. Si el consejo lo decide lo haré, porque tengo un contrato y estoy a disposición de la empresa. Hay consejeros que quieren que me quede y otros poderes fácticos de la ciudad que quieren echarme, pero no tengo intención de irme".
Maymó asegura no haber recibido comunicación alguna sobre su futuro, al igual que los mayoristas de pescado que reclaman su cabeza prácticamente desde su llegada. Ayer lo volvieron a hacer aunque en este caso sus protestas derivan de una actuación llevada a cabo por la Delegación municipal de Salud y Consumo, que firma los expedientes sancionadores abiertos a todos los empresarios a instancias de la dirección de la empresa de mercados. Ayer se recibieron una veintena y se espera el resto la próxima semana hasta llegar a los 40 puestos existentes en el mercado. Las consecuencias de estos expedientes oscilan entre la prohibición de actividad entre 30 y 40 días; el cierre de los establecimientos de tres a cuatro meses y la retirada definitiva de la licencia de venta.
Los empresarios advirtieron ayer del efecto de estos expedientes, que vienen precedidos por un nuevo encontronazo entre una persona vinculada a la asociación -que tuvo que ser calmado por sus compañeros- y Jordi Maymó durante una visita de éste al mercado -según el relato del gerente "le cogió por el cuello"-. "No nos preocupa que nos abran expediente, pero sí que hayan obligado al Ayuntamiento a hacerlo, que tengan el consentimiendo de la primera autoridad de la ciudad que es el alcalde. Esperemos que rectifiquen, si no esto nos va a llevar a situaciones drásticas. Es una nueva fogata que ha encendido Maymó, que tiene la empresa abandonada desde que llegó. Todo está parado. Y si no sale ya de la empresa, se hundirá", apuntó el presidente de la asociación de mayoristas de pescado, Antonio Ángel Vela. Maymó sí vio acertados estos expedientes: "Es bueno que se abran expedientes cuando se incumple el reglamento".
Los empresarios esperan una rectificación del Ayuntamiento que puede llegar a través de la destitución de Jordi Maymó en el próximo consejo de administración y el nombramiento de Alfonso Mir, una postura que defiende el Consistorio pero que puede encontrarse con el rechazo de los consejeros de Mercasa, que posee el 41% de las acciones. Será en la próxima reunión del consejo en la que está previsto que se debata la auditoría.
Según el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla, nada más conocer el contenido de esta auditoría en esta sesión será remitida al Juzgado para que forme parte de la instrucción abierta por la juez Mercedes Alaya. De este informe depende no sólo la estabilidad de la empresa municipal, sino también el proceso que se pueda abrir por delitos societarios por parte de Mellet y Ponce.
