El pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos (PSOE, PP e IU) la aplicación de medidas de recorte económicas, como la reducción del suelo del alcalde, concejales y altos cargos no adscritos a convenio, la congelación de los salarios en 2011 o la supresión de las dietas por asistencia a consejos de administración.
Estas medidas, promovidas por la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), serán de aplicación para el personal de esta cualificación que pertenezca al Ayuntamiento pero también para el de las empresas públicas, organismos adscritos y entidades participadas por el Ayuntamiento. En el caso del alcalde, su presidencia de todos los consejos de administración de las empresas municipales le supondrá un pellizco en su nómina a añadir al 15% aplicable al sueldo.
Los grupos acordaron también, a petición del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, "tomar en consideración" el resultado del debate promovido en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre esta materia.
La medida comenzará a ser consumada en la nómina correspondiente al mes de junio, toda vez que la concejal de Hacienda y Comunicación, Nieves Hernández (PSOE), ya ha anunciado que el Ayuntamiento está analizando jurídicamente el Real Decreto Ley promulgado por el Gobierno central para reducir el déficit de las administraciones públicas, pues la "intención" del Consistorio es aclarar si "pudiera ser aplicable" a los trabajadores de las empresas municipales.
El acuerdo de la FEMP implica una rebaja salarial para alcaldes y cargos electos de entre el 0,25% y el 15%, extremo que afecta a los cargos directivos de la Administración y de sus organismos y empresas públicas. El mencionado Real Decreto Ley supondrá un recorte salarial de entre el 0,06% y el 10,55% para los 5.459 funcionarios municipales o miembros del personal laboral.
También en la sesión de ayer se aprobaron, con los votos a favor de PSOE e IU y el voto en contra del PP, los Presupuestos para el año en curso de la administración local, sus organismos autónomos y sus empresas públicas, que asciende a 1.119 millones de euros (un 14% menos que el año pasado), como el plan de reequilibrio diseñado para reducir el gasto en 200 millones hasta 2012 y así alcanzar un superávit de 8,3 millones de euros.
Hernández defendió estas actuaciones en que "el ahorro de 200 millones que pretende el Ayuntamiento de Sevilla supone la misma cuantía que el Gobierno central pretende que ahorren todos los consistorios del país", señaló la edil, quien garantizó que "la crisis no va a afectar a los proyectos en curso. Y todo ello -añadió- sin mayor presión fiscal".
En cuanto a la deuda, Hernández argumentó que "Sevilla es la menos endeudada de las grandes capitales de España, con un nivel de endeudamiento del 89,83%, muy por debajo de lo que marca la ley [que pone el límite en el 110%]. Y esto sin contar con que el 70% del presupuesto está destinado a gasto social", celebró la edil de Hacienda.
El edil del PP Gregorio Serrano criticó que "este presupuesto se aprueba cinco meses después de cuando tenía que haber entrado en vigor", por lo que calificó los últimos doce meses como "un año perdido en la ciudad. En el PSOE han estado viendo si estaban con Monteseirín, con Viera o con los dos", señaló. Serrano atacó las cuentas por todos los flancos que pudo. Sobre los ingresos, aseguró que "han sido cuadrados a martillazos y sólo responden a elucubraciones", y sobre los impuestos, afirmó que "han subido las tasas municipales por encima del IPC".
El popular alertó también de que "hay 140 proyectos que dependen de la venta de los solares de la Gavidia, en ruinas y sin desafectar, y del mercado del Arenal", y acusó al Gobierno municipal de "ocultar facturas en las cajones sin contabilizar".
Y amenazó: "Vamos a preguntar cuántas facturas hay de ese modo y si no nos responden iremos a los tribunales", abundó Serrano, quien alertó de que "si se pagan facturas del ejercicio presente y se dejan de pagar otras anteriores por estar en los cajones el Ayuntamiento podría cometer delito de prevaricación".
El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, acusó al PP de practicar un "neofascismo y un berlusconismo blando por querer reducir lo público a la mínima expresión".
Según Torrijos, "la misma angustia financiera de Sevilla la viven también Madrid, Valencia y Málaga, que entre las tres, gobernadas por los populares, acumulan el 30% de la deuda de los consistorios de todo el país".
