Con el varapalo de la Justicia Europea a la legislación española de desahucios y con el drama social que no cesa como telones de fondo, el Ayuntamiento de Sevilla aún no ha suscrito el convenio concebido por el Gobierno central, la banca y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para crear un fondo social de viviendas destinadas al alquiler.
La aceptación del convenio requiere de aprobación en Pleno o en Junta de Gobierno Local, y hasta ayer no se había completado ninguno de estos trámites, ni tampoco el Consistorio hispalense constaba como registrado en el listado oficial de entes municipales que publica el Ministerio de Economía.
Este convenio se forjó a mediados de enero y contiene alrededor de 6.000 viviendas distribuidas por toda España y procedentes de la cartera inmobiliaria de entidades financieras –por embargos y promociones propias de casas–, teniendo algunas de ellas una amplia presencia en Sevilla. El objetivo de la bolsa es ponerla a disposición de familias que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2008 –justo con el arranque de la crisis económica– y que, además, se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
Los servicios sociales de cada ayuntamiento y de cada diputación son los que deben emitir, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante, con la finalidad de priorizar las demandas. La FEMP ha instado a las corporaciones a sumarse, pero desde Plaza Nueva aún no ha habido respuesta. En cambio, otros consistorios como el de Granada o Málaga, ambos gobernados por el PP, ya han aprobado adherirse.
“Es sorprendente la inacción del alcalde [Juan Ignacio Zoido]. Aquí no hay color político, y ahí tenemos el ejemplo de Málaga”, se queja el portavoz adjunto del PSOE local, Antonio Muñoz. “El convenio no es la panacea a los desahucios, pero sí una medida para aliviar determinados casos”, agrega.
