El 'Alakrana' es escolatado hasta las Sheychelles.
Mujeres de entre 18 y 35 años, inmigrantes sin papeles, con cargas familiares, en situación de pobreza y con un nivel educativo medio-bajo. Ése es el perfil de las mujeres que ejercen en Sevilla la prostitución, bien en centenares de clubes de alterne -principalmente en los polígonos industriales- bien en las calles de Nervión, Sevilla Este, la Carretera Amarilla o Su Eminencia. Hace ya dos años que el Ayuntamiento anunció un plan especial de medidas para "erradicar y abolir" este fenómeno, que empezó ayer a tomar forma tras aprobar y presentar el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, un plan integral que contará con un presupuesto de 500.000 euros en 2010 y que sirve sólo como punto de partida, a la espera de una ordenanza específica.
Pero el plan sí detalla las líneas estratégicas de trabajo: sancionar a los clientes de la prostitución callejera y a proxenetas con multas de entre 750 y 3.000 euros; revocar las licencias de locales de alterne; vetar la publicidad vinculada a la explotación y definir una red de servicios y prestaciones sociales para reinsertar a las mujeres prostitutas.
El Ayuntamiento quiere combinar medidas sancionadoras, formativas y de reinserción social. Para las primeras habrá dos líneas básicas de actuación. Por un lado, la prostitución callejera, que se combatirá con una ordenanza específica que establecerá sanciones de entre 750 y 3.000 euros para los clientes.
La graduación dependerá de si se piden servicios o se consuma el acto sexual en la calle o de la proximidad o lejanía respecto a colegios o espacios donde haya menores, según explicó la directora del área de Mujer, Victoria Ocón.
Se realizará un seguimiento en los distintos barrios afectados y se aspira incluso a crear en los próximos años un grupo específico en la Policía Local para controlar este fenómeno -una propuesta que se realiza prácticamente en cada nueva ordenanza o proyecto sin que luego se llegue a ejecutar-.
En segundo lugar, se actuará contra los burdeles. Así lo recoge el propio plan: "Se revisarán e incluso revocarán las licencias de apertura de establecimientos en los que se acredite el lucro mediante la prostitución ajena como sex shops o clubes de alterne". El planteamiento, según Ocón, será revisar si las licencias se ajustan al servicio que se presta: "Si tienen permiso de bar y tienen habitaciones, podremos retirarles el permiso". La publicidad de estos locales en la vía pública estará prohibida.
La segunda línea será la formativa: campañas de sensibilización -como las ya realizadas- y cursos en los centros de Secundaria para alumnos, padres y profesores para trasladarles la concepción de la prostitución como explotación de la mujer.
Y la tercera vía será la reinserción. Como ya hicieran ayuntamientos como Madrid se crearán "unidades móviles que atiendan las necesidades de las mujeres y menores en riesgo de explotación sexual".
Estarán en los barrios más afectados. A partir de ahí, se les ofrecerá alojamiento -incluso prioridad para VPO-, escuelas taller, alimentación y un programa de reinserción. A largo plazo, habrá incluso ayudas económicas. Eso sí, siempre que haya un compromiso firme por abandonar la prostitución.
