Diga lo que diga el informe de Icomos, que se hará público en unos diez días y será contrario a la construcción de un rascacielos al borde del casco histórico por su fuerte impacto visual, el Ayuntamiento está dispuesto a asumir las consecuencias. La declaración de nuestros sitios Patrimonio de la Humanidad podría estar en juego.
El mensaje municipal es claro, aunque ayer se le hiciera llegar al vicesecretario de Icomos -el organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio- de una forma menos tajante por aquello del decoro. "La decisión política está tomada por nuestra parte y también por la de la promotora [Cajasol], aunque tomaremos nota de lo que se nos transmita en ese informe y matizaremos los detalles que haya que matizar".
Son las palabras del alcalde, quien ayer no estuvo presente en la reunión con Icomos pero que ha dejado patente cuál será la estrategia municipal en un asunto peliagudo. Y obviamente, si fue el propio alcalde el que, años atrás, pidió por activa y por pasiva un hito arquitectónico en altura en la Isla de la Cartuja, pues se entiende que defienda a capa y espada el proyecto del rascacielos.
El problema está en que Icomos, y con éste la Unesco, le ha echado el lazo al asunto y lo está escudriñando al milímetro. Y en unos diez días hará público un informe que, como ya avanzó este periódico, será bastante duro con la Torre Cajasol. No por gusto, aclara el vicesecretario de Icomos, Víctor Fernández Salinas, sino porque así lo avalan las normas mundiales en la materia. "El problema no es de altura ni de arquitectura, es de modelo urbanístico. Y en Sevilla no cabe un rascacielos de 178 metros de altura a tan sólo un centenar de metros de su casco histórico, con el impacto tan evidente que originará sobre su paisaje cultural".
Las posturas, pues, están enconadas; y entre ambas, la Junta de Andalucía, léase Cultura, se ha lavado las manos al aducir que como la torre no está dentro del Centro histórico, no toca aplicarle la nueva Ley de Patrimonio por más que ésta eche por tierra todo aquello que contamine el paisaje cultural de una ciudad.
A lo más que está dispuesto a llegar el alcalde, según le aclaró Celis a Fernández Salinas, es a matizar los detalles que chirríen del proyecto; pero es que no se trata de detalles, es que Icomos, informe en mano, pedirá a la Unesco que no se construya el rascacielos. Y ésta, de aceptar esta propuesta -como suele hacer en la mayoría de los casos- no multará; si se apura, ni siquiera impedirá que se erija la torre, pero sí utilizará su arma legal: incluir a Sevilla dentro de un listado con muy mala prensa, el de Patrimonio en Peligro de Extinción. Su consecuencia en el turismo es imprevisible.
Esto no arredra al Consistorio, que en una nota se limitó a decir, equiparando Icomos a otras entidades patrimoniales de menos relevancia, que "tendremos en cuenta las opiniones de cualquier asociación o particular de carácter privado, sin menoscabo del éxito del proyecto".
