C. Rengel / J. Gómez Palas
El Ayuntamiento ha dado orden a su Archivo Histórico para que recabe datos de los 8.000 represaliados de la Guerra Civil y la dictadura que fueron asesinados o siguen "desaparecidos". Los familiares llevaban cinco años pidiendo esa información, pero ha sido una orden del juez Garzón la que ha movilizado a los políticos.
La providencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo pública el lunes. Ayer, 24 horas después, la portavoz del Gobierno municipal, Maribel Montaño (PSOE) confirmaba que la maquinaria había echado a andar y que los especialistas del Archivo Histórico municipal ya están buscando los datos de las cerca de 8.000 víctimas de la guerra (1936-1939) y la posguerra en la capital andaluza. Es lo que les exigió Garzón, que presenten los registros de todas las personas que pueden yacer en fosas comunes del cementerio de San Fernando, de titularidad municipal, con el fin de determinar un número aproximado (nunca exacto, la guerra borra demasiados nombres) de muertos por el "Alzamiento Nacional". Es la misma exigencia que ha hecho a los Consistorios de Granada, Córdoba y Madrid.
Esos datos vienen siendo exigidos al menos desde 2002 por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, una de las ocho entidades que presentaron denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue si el Estado debe pagar por los crímenes de lesa humanidad que, entienden, se cometieron en los años de la contienda y en su inmediata posguerra. Las peticiones al Ayuntamiento, como explica Cecilio Gordillo, portavoz de la asociación, no habían sido escuchadas hasta ahora. Esta organización asevera que el registro civil de Sevilla sólo recoge 890 víctimas, cuando sus investigadores e historiadores elevan la cifra a no menos de 4.000 sólo en la capital (7.400 más en la provincia sevillana).
Sin embargo, la portavoz dejó ayer claro que el Gobierno prestará su total colaboración a la investigación de Garzón, previa a que admita a trámite la denuncia, y con la que pretende saber si la Audiencia es o no competente para juzgar el caso. La edil socialista indicó que los historiadores y archiveros municipales trabajarán para poner a disposición del magistrado "de la manera más rápida posible" toda la información que se logre rescatar. "Hemos pedido que se investiguen todos los datos solicitados por el juez, como nombres de personas, circunstancias de su fusilamiento o asesinato, fechas o cualquier otro dato en torno a esos hechos", puntualizó. "En pocos días", confía, se podrá disponer de información "precisa". En el archivo manejarán documentos, fotografías y materiales en cualquier otro soporte que puedan aportar información, y en esos datos ya vendrán incluidos los fondos del cementerio de San Fernando. Eso sí, Montaño dejó claro que es muy posible que haya más información sobre los represaliados en las parroquias municipales que en los ayuntamientos, "porque en sus registros de defunciones hay mucha información". Por eso Garzón, de hecho, ha pedido su colaboración a la Conferencia Episcopal.
En el camposanto sevillano existen cinco fosas documentadas de la Guerra Civil; el compromiso municipal de construir allí un muro con los nombres de los represaliados -promesa que data de 2002- es un proyecto que se cumplirá, dijo la edil, "en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", "igual que se ha cambiado el nombre de algunas calles".
"Sensación agridulce". El socio de Gobierno local, IU, sí accedió a valorar ideológicamente la petición del juez, algo que la portavoz Montaño eludió en su intervención, siguiendo la línea del PSOE federal. El portavoz de la coalición de izquierdas, Antonio Rodrigo Torrijos, catalogó ayer de "histórica" la decisión del juez Garzón, aunque matizó que le produce una "sensación agridulce" ya que, a su juicio, deberían haber sido los primeros gobiernos de la democracia y no la Justicia los que deberían haber tomado la iniciativa en este asunto. Torrijos aseguró que, a pesar de que la medida "llega tarde", al haber transcurrido más de 70 años desde aquella "página negra del país", el Ayuntamiento de Sevilla colaborará "con fruición" con el juez de la Audiencia Nacional. "Con esta decisión -señaló- el señor Garzón dignifica la memoria histórica de nuestro país".
