Garzón tendrá el martes sobre su mesa los nombres, las vidas, de 1.463 personas muertas en Sevilla por la represión franquista. 1.260 fueron fusiladas y otras 203 perecieron en la cárcel. Estos expedientes son fruto de la investigación del Ayuntamiento de Sevilla y se suman a los 3.093 enviados por asociaciones de familiares.
El 1 de septiembre, el juez Baltasar Garzón requirió al Consistorio los datos que estuvieran en su poder referidos a víctimas de la Guerra Civil y del posterior régimen franquista. El viernes, un mes y 10 días más tarde, la portavoz del Gobierno local, Maribel Montaño, anunció el envío inminente al Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de estos casi 1.500 expedientes y de un anexo en el que constata la existencia en el cementerio de San Fernando de 3.028 fichas en blanco, referidas a enterramientos masivos de la época, "que con toda probabilidad pertenecen también a personas que murieron fusiladas".
La cifra aún dista notablemente de la de 8.000 víctimas que inicialmente preveía el Consistorio pero, como dijo Montaño, la investigación sigue abierta, toda vez que sigue abierto el proceso de diligencias previas dictado por el juez y que, por tanto, no tienen aún un límite temporal para presentar los listados. De ahí que la portavoz asegurase que las familias encontrarán su "apoyo" si desean transmitirles nuevas historias de posibles represaliados.
Los informes se dividen en cinco apartados: los 886 nombres inscritos en el Registro Civil durante la contienda (1936-1939); los 77 recogidos en el archivo del Tribunal Militar Regional número 2 de Sevilla; los 28 de un anexo sobre gestores y cargos municipales de Sevilla y su provincia; otros 258 con nombres de funcionarios y empleados del Ayuntamiento y 46 más facilitados por familiares. A ellos se suma el expediente con 203 casos de presos que murieron consumidos en la cárcel por la tuberculosis o la neumonía.
Montaño aseveró que todos los casos enviados al juez están "perfectamente documentados" y constan de nombre, edad, profesión, causa de la muerte y datos secundarios, como el lugar de la muerte o la filiación política, si ha sido posible conseguirlo.
Los familiares de víctimas no tendrán oficina propia . "En el momento actual, el Aula de la Memoria del Ayuntamiento es el sitio adecuado para que las familias expresen si quieren que se investigue" un caso. Con esa breve referencia, la portavoz del Gobierno municipal, Maribel Montaño, descartó la creación de una oficina de atención a las familias de los represaliados, una reclamación de las principales asociaciones de la comunidad andaluza, que reprochan al Consistorio su "falta de compromiso" con su batalla.
Hasta ahora, salvo el mes y medio en que ha debido dedicarse a investigar los casos a instancias de Garzón, el Aula sólo se había dedicado a organizar conferencias, esta misma semana, en el Alcázar.