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El Consistorio envía los informes de las familias de la Corrala e insiste en que solo hay dos en riesgo

Alude a las únicas registradas como demandantes de VPO sin concretar la clasificación social del resto y la Consejería de Vivienda denuncia su «estrategia de la distorsión y el engaño».

el 31 may 2014 / 15:42 h.

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Casi dos meses después de que el desalojo de la Corrala Utopía, el bloque que una treintena de familias ocuparon durante dos años en San Lázaro, y posterior «realojo temporal» de 8 de las 17 familias evacuadas desatara una crisis entre los socios del Gobierno andaluz PSOE e IU, la incertidumbre sobre el futuro de estas familias continúa. La presidenta del Gobierno, Susana Díaz, frenó a IU, que dirige la Consejería de Vivienda, a que continuara realojando de urgencia a las familias, de ahí que solo entregara ocho llaves, y tras un cruce de informes sobre su situación, no homogéneos en cuanto a la institución que los realizó, las fechas y los criterios seguidos, la Junta decidió reclamar nuevos informes actualizados a los servicios sociales municipales para poner orden y decidir a partir de ahí cuáles de esas familias están realmente en una situación de emergencia social que justifique buscarles un techo. Ayer, tras reiteradas peticiones de la Junta y la oposición municipal para que se agilizaran estos informes y denuncias del Gobierno local a la obstaculización por parte de las familias al trabajo de los servicios sociales, el Ayuntamiento hizo público un escrito remitido a la Consejería de Vivienda en el que indica que solo dos «figuran en la lista de reserva de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales» y al resto «no ha sido posible efectuarles el referido baremo, ya que ello requeriría el expreso deseo de iniciar, o en su caso continuar, con un proceso de intervención social y la aportación de los documentos necesarios». El escrito, fechado el 29 de mayo y que la consejería dijo ayer no haber recibido aún, lleva anexos los informes que el Consistorio no hizo públicos acogiéndose a la Ley de Protección de Datos. Indica que hay dos familias a las que no se les han hecho los informes exigidos, una por estar empadronada fuera de la capital y no ser por tanto competencia de sus servicios sociales y otra por no haber acudido a las citas concertadas ni haber aportado la documentación requerida. Aunque el objetivo de los informes es clasificarlas, como detalla el escrito, en una situación «adecuada, de vulnerabilidad o de riesgo o deficitaria o de exclusión social», el Ayuntamiento no detalló cuántas familias están en cada una de esas posiciones. Equipara el figurar en la lista de solicitantes de VPO baremadas a las que están en situación de riesgo, y limita esa posición a dos familias, un dato que ya avanzó hace tiempo. Sin embargo, la Junta sostiene que se trata de determinar qué familias están en riesgo y por tanto son susceptibles de un realojo temporal, que no una adjudicación de vivienda. La delegada provincial de Vivienda, Granada Santos, denunció que el Gobierno local de Juan Ignacio Zoido «insista en la estrategia de la distorsión y el engaño», al tiempo que afeó que vierta opiniones en vez de limitarse a remitir los informes. «Es lamentable que el Gobierno local vuelva a lo de siempre, a lo mismoque hizo ya en Semana Santa, lanzar la falsedad de que estas familias optan a una adjudicación, lo cual es mentira». Las familias aplaudieron que el Ayuntamiento «por fin» haya remitido los informes pero en la misma línea que la Junta, denuncian que el Consistorio se dedique a «obstaculizar y mentir». Una de las jóvenes realojada, Elena, defendió que todos han ido a su cita con los trabajadores sociales de los que «no tenemos queja» y pueden atestiguarlo con el registro de su paso sellado. Sí admitió que son dos las registradas como demandantes «desde hace dos años» pero coincidió con la Junta es que el resto necesita un realojo. También admitió que a la petición municipal de acudir a sus casas, accedieron las no realojadas aún que viven «como pueden hacinados en casas de familiares» pero no las ocho realojadas «por motivos de privacidad y porque es absurdo que comprueben cómo vivimos cuando estamos en pisos de la Junta». CORRALA-PEQUE

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