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El Consistorio multará a las grúas si hay demoras en sus servicios

El tiempo estimado de respuesta son 25 minutos. Si se rebasa, habrá sanciones.

el 03 abr 2011 / 19:31 h.

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Un policía, junto a una grúa de Aussa que retira un vehículo mal aparcado.

El servicio de grúa, que desde hace varios meses se ha desplomado hasta reducir sus prestaciones prácticamente a casos de urgencia, sufrirá una sensible modificación en las próximas semanas. A partir de la nueva adjudicación si la empresa no responde a las prioridades establecidas por el Consistorio, como la doble fila, los carriles bus, la zona azul o los estacionamientos en el casco histórico; o sus servicios se realizan por encima del tiempo medio adecuado –en torno a los 25 minutos– se impondrán sanciones. Según el pliego de condiciones, el Ayuntamiento tendrá dos herramientas para castigar económicamente las infracciones: penalizaciones de 1.000 a 12.000 euros, y la reducción de la cantidad que anualmente se abona a la empresa por la gestión de esta prestación pública.

El Consistorio ha acelerado el concurso público para poder realizar la adjudicación durante este año. Así, en quince días deberá estar resuelta la convocatoria a la que Aussa ya ha mostrado su interés por concurrir, lo que ha desencadenado ya en una convocatoria de huelga de la plantilla durante Semana Santa y Feria. Pero sea la empresa semi-pública –cuya legalidad ha sido cuestionada por un informe jurídico de la asociación nacional de aparcamientos urbanos– u otra la que adquiera la adjudicación, el modelo de gestión de la grúa deberá transformarse.

Hasta febrero, Aussa gestionaba los gastos e ingresos del servicio de la grúa con unas cuentas que no dependían para nada del Consistorio. Pero el nuevo contrato, que sigue la estela de la adjudicación provisional por la funciona ahora el servicio, modifica esta situación. Se aportan 2,8 millones al año y es la empresa la que asume todos los gastos, mientras que los ingresos son transferidos al Ayuntamiento. Ante la evolución irregular de este servicio, cuya recaudación se redujo en 2010 a prácticamente la mitad, el servicio estará a partir de ahora sujeto a restricciones.

Una de ellas afecta a los retrasos en los servicios, una situación por la que se anulan un 10% de las peticiones policiales. La empresa deberá aportar un registro diario de los servicios realizados que se evaluarán mensualmente. Si los tiempos medios rebasan el tiempo estimado de prestación del servicio, que está en torno a los 25 minutos en estos momentos, se aplicará una fórmula que reducirá los pagos que se realizan a la empresa.

Lo mismo ocurrirá en caso de que el Ayuntamiento entienda que no se están realizando los servicios considerados como esenciales por parte de la empresas, en circunstancias como una huelga –como la convocada para las próximas fiestas primaverales–: “Ningún conflicto laboral que se plantee entre la empresa y sus trabajadores tendrá repercusión en las condiciones económicas de este contrato, de forma que el Ayuntamiento sólo abonará las horas realmente prestados, estándose en caso de incumplimiento a lo dispuesto en el apartado de penalidades”. No se pagarán tampoco ni horas extra ni las horas sindicales de los trabajadores.

Además de estas sanciones, la nueva empresa deberá hacer frente a un extenso catálogo de infracciones que incluyen el incumplimiento de órdenes de la Policía Local, la no utilización del uniforme o la retirada de un vehículo sin la debida autorización de la Policía. Las sanciones, según su gravedad, irán desde los 1.000 euros de la más leve a los 12.000 de las muy graves.

Todos estos requisitos entrarán en vigor antes de la finalización del mandato, una vez que se realice la adjudicación de la grúa atrás resolverse el nuevo concurso público. Aussa lo encara tras su peor año, con sólo 17 vehículos retirados al día y con menos de siete grúas en servicio, de las que durante muchas franjas del día únicamente trabaja una. La empresa aprobó además un ERTE a su plantilla pese a que finalmente cerró 2010 con beneficios y encara una huelga de su plantilla en Semana Santa y Feria en protesta por su intención de volver a concurrir al servicio.

 

ULTIMÁTUM A LOS VADOS. La Policía Local no actuará a partir del próximo 30 de junio en los vados que no cuenten con las placas homologadas. Así lo anunció a Europa Press la Agencia Tributaria que da así por concluido el proceso de regularización de los vados que se inició a finales del año pasado. Esta adaptación, que hasta ahora ha sido gratuita, costará 45 euros a partir de este mes, una vez que su primera fase concluyó el pasado 31 de marzo.

Hasta el momento, según los datos del Ayuntamiento, se ha elaborado un censo de 9.725 expedientes, de los que ya se han entregado 5.259 placas y continúan en fase de tramitación 1.039. Éstas han sido las respuestas a un proceso que inició el Consistorio de oficio con la remisión de 7.931 requerimientos, en una primera fase, y 6.081 en una segunda, a viviendas unifamiliares y locales; así como 1.164 a comunidades de propietarios que pagan directamente la tasa y 1.170 a fincas de varios propietarios que la abonan de forma individual.

Todas estas tramitaciones concluirán el 30 de junio fecha a partir de la cual “las antiguas placas no surtirán efecto para impedir que se estacionen vehículos en el vado”. No habrá ya avisos a la grúa. 

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