El Ayuntamiento de Sevilla ya ha dado el paso previsto para afrontar la ampliación de capital en Mercasevilla que le permitirá hacer frente al expediente de regulación de empleo (ERE) que acometerá en breve sobre un centenar de empleados de la lonja dedicados a prestar servicio a los mayoristas de pescado, todo ello con el fin último de liberalizar el servicio. En concreto, el área de Hacienda del Consistorio informó al Pleno de una modificación presupuestaria por valor de 3.086.154 euros dirigida a sufragar dicha operación el 51,4% de la ampliación de capital; del restante se hará cargo la empresa pública estatal Mercasa y se ha convocado un pleno extraordinario para el próximo día 10 para sacar adelante esta iniciativa. Esto supone que a mediados de julio el expediente podría quedar resuelto tras el mes preceptivo de negociación y los empleados quedar definitivamente en la calle. El Consistorio se ha valido del fondo de contingencia un montante que se reserva Hacienda para afrontar gastos imprevistos para hacer frente a la compra de acciones de Mercasevilla y sufragar así esta ampliación de capital. Se trata de un paso necesario en la operación proyectada por el Ayuntamiento para liberalizar la lonja. A principios de mayo, el consejo de administración de Mercasevilla aprobó una ampliación de capital de seis millones con los votos a favor del PP y Mercasa, mientras que PSOE e IU se posicionaron en contra. El informe desglosaba un aumento del capital social con una primera emisión de 373.065 nuevas acciones al valor nominal de un euro cada una. La operación, además, comprende una prima de emisión de 5.625.820,20 euros a un precio de 15,08 euros por acción emitida. Entonces, el consejero de Mercasevilla por el PSOE, Juan Carlos Cabrera, denunció que se había hecho un cálculo estimativo sobre el coste del ERE y que no se habían dado cifras concretas, algo que no puede hacerse así teniendo en cuenta que se va a sufragar con dinero público. De hecho, aún hay cierta confusión sobre el número de empleados que se va a ver afectado por el expediente. El informe cuenta con una novedad y es que, si bien no detalla qué montante va destinado a qué, sí recoge por qué resulta necesaria la operación. Así, incide en una cuestión que ya se planteaba en mayo. Dado el volumen de las pérdidas acumuladas hasta el cierre de 2012, es previsible que en el tercer trimestre del año, el patrimonio de la sociedad se sitúe por debajo de la mitad del capital social y la sociedad no disponga de la liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones de pago. Entre ellas, están la liberalización de la lonja, que provocará el despido colectivo previsto, el pago de las cantidades correspondientes a los prejubilados del ERE de 2007 y las reparaciones urgentes que necesita la unidad.
