El papeleo retrasa hasta un año la apertura de una empresa, un escollo más en tiempos de crisis. Por eso, el Consistorio va a poner en marcha medidas para acabar con los varios miles de licencias acumuladas y para recortar los plazos seis meses. Además, intentará eximirse de responsabilidades y atribuírselas a arquitectos e ingenieros.
La medida estrella de este plan de choque es la nueva ordenanza de Actividades, que abrirá un debate legal para que los profesionales autores del diseño y la ejecución de los proyectos (arquitectos, ingenieros, peritos, aparejadores?) asuman mayores niveles de responsabilidad en el visado de los planes que ellos mismos redactan. Estos proyectos técnicos son los que se aportan a la hora de solicitar a la Administración licencias de apertura de nuevos establecimientos, bares, tiendas... Los profesionales, así, se harían responsables de forma directa de que el plan presentado cumple la normativa en vigor.
Y es que el Ayuntamiento considera que parte de los males (la acumulación de expedientes) se derivan de la "restrictiva" ley autonómica en esta materia, que deposita toda la responsabilidad de comprobación en la Administración. Está por ver la reacción de los colegios profesionales y técnicos. Con el plan del Consistorio, estos profesionales tendrían que responder en todos los casos en los que, por uno u otro cauce, se encuentren anomalías en los establecimientos, por ejemplo, esceso de ruido o de emisión de humos en los bares.
Con la nueva ordenanza se quiere coordinar mejor a cuatro delegaciones municipales: Medio Ambiente, Recursos Humanos, Hacienda y Convivencia. El objetivo es simplificar los procedimientos administrativos de licencias de apertura, un embudo para el correcto funcionamiento de la Administración. Al tiempo, se prevé reforzar el posterior control.
La delegación de Medio Ambiente está ultimando su plan para agilizar trámites y reducir plazos y, por ahora, prevé poner en marcha varias medidas. En primer lugar, firmará un convenio con Correos para que dicha empresa se haga cargo de las notificaciones certificadas. Este acuerdo, que costará 25.000 euros, supone reducir a dos días un trámite que hasta ahora se alargaba entre dos y tres meses, según el Ayuntamiento.
En segundo lugar, la delegación de Medio Ambiente va a crear una plaza de arquitecto para la emisión de los informes relacionados con las licencias de apertura.
Además, se van a reestructurar los servicios de la delegación para hacerla más eficaz y se ampliarán sus instalaciones. Ya están adjudicadas las obras para construir un edificio anexo al pabellón de la Madrina, en Palos de la Frontera.
Todas estas iniciativas se incluyen dentro de las treinta medidas de choque que el Consistorio aprobó en el Pleno del pasado mes de junio para dinamizar la economía, que atraviesa un mal momento. Además, la norma viene a dar respuesta a las muchas quejas presentadas ante la oficina del Defensor del Ciudadano.
Y es que no es de recibo que haya que pasar un calvario para poner en marcha una empresa, sobre todo ahora, cuando la actividad económica está bajo mínimos. Ante la crisis, la administración debe facilitar todo aquello que suponga creación de empleo y de riqueza.
La intención del Gobierno municipal (PSOE-IU) es que una comisión jurídica-técnica formada por letrados y miembros de los colegios profesionales y técnicos implicados revise la ordenanza de Actividades de 2001.
