A un mes para que comience el nuevo curso político, el primero para el gobierno dirigido por Juan Ignacio Zoido , sus delegaciones han empezado a trazar las líneas de los próximos presupuestos que presentarán en septiembre. Si el equipo de gobierno está utilizando como eslogan la frase "Sevilla funciona" después de cada una de sus actuaciones, ahora pretenden que, a partir de septiembre, ese lema se haga más visible. En palabras del portavoz municipal, Francisco Pérez, "se tiene que notar que Sevilla funciona".
Para ello, según Pérez, los delegados han comenzado a trabajar en unos presupuestos que van a basarse en cinco principios: la eliminación de gastos superfluos, el reflejo de la nueva forma de gobierno, la atención a las calles y la generación de empleo. El quinto, una de las prioridadades del gobierno, es el desbloqueo de proyectos urbanísticos que hasta ahora se encuentran estancados. En concreto, de grandes proyectos de los que no todos tienen fácil solución.
Si hay que elegir un protagonista, ése es, sin duda, Ikea. Aparte del cruce de acusaciones al que se vienen enfrentando el gobierno y la oposición por la modificación del PGOU que solicita la compañía sueca, Pérez destacó una vez más que "el gobierno desbloqueará el proyecto porque creará puestos de trabajo" y aseguró que el conflicto "se puede llegar a solucionar".
Otro de los grandes asuntos pendientes es la ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Aunque el anterior alcalde, Alfredo Sánchez-Monteseirín, llegó a inaugurar el nuevo auditorio, las obras aún no han concluido . De hecho, su finalización se ha retrasado en tres ocasiones: el mes inicial para que estuvieran concluidas era marzo; después, se retrasó a octubre y la última declaración al respecto del delegado de Economía, Gregorio Serrano, fue que hasta final de año no acabarían los trabajos.
"Fibes es un caso paradigmático", declaró Francisco Pérez, que añadió que, "en este caso, desbloquear significa más millones de euros". En concreto, 10 millones, el precio del sobrecoste que la Unión Temporal de Empresas, adjudicataria de la obra, exige por la introducción de varias reformas y que tendría que abonar Emvisesa, la empresa municipal de vivienda.
Las actuaciones bloqueadas en Regiones Devastadas serán también prioritarias pues se trata, según el portavoz, de "un ejemplo de cómo se tiene que transformar un barrio". También se incluyen los parques sin mantenimiento, como el de Miraflores, del que se recogieron 7.500 kilos de residuos a mediados de julio después de un mes sin que trabajaran los servicios de limpieza porque, según denunció el Ayuntamiento, el anterior gobierno no había previsto una partida para el mantenimiento y el control de los parques.
Otros proyectos bloqueados que se encuentran también en la lista de prioridades son los pasos soterrados y las actuaciones en la antigua cárcel de La Ranilla , en Nervión, que será la sede de las delegaciones de Movilidad, Convivencia y Seguridad. La obra se dio casi por terminada en junio, pero lo cierto es que aún no hay fecha de inauguración y que ha tenido un sobrecoste de 3,3 millones de euros, por lo que el coste total supera los 20 millones.
Al impulso de estos proyectos se une otro de los objetivos del gobierno: el cambio en la forma de gobernar que, según Pérez, "está cambiando muchísimo". Como ejemplo citó la anunciada descentralización de los distritos: "Las líneas de actuación en los distritos van a cambiar radicalmente", explicó, añadiendo que, puesto que van a contar con más competencias, se tiene que llevar a cabo un proceso de transferencia de competencias que incluye "cambiar la mentalidad del funcionariado y un presupuesto totalmente distinto por la reducción de cargos y redistribuciones de áreas".
Pérez también destacó varias actuaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, como la intervención en la rotonda de San Diego, la retirada de pivotes en Luis Montoto, la desratización y las actuaciones de limpieza.
El portavoz del gobierno también se refirió a dos importantes proyectos para la ciudad, el Metro y la Ciudad de la Justicia, y a las negociaciones con la Junta de Andalucía para realizar ambos proyectos.
En cuanto a la conversaciones sobre las instalaciones judiciales, aún no han tenido lugar reuniones formales pero Pérez asegura que las posiciones del Ayuntamiento y la Junta están más cerca que en el caso del Metro. Después de que el gobierno andaluz anunciara que el Metro de Sevilla no estará en su lista de recortes en obras públicas, desde el gobierno opinan que "no se pueden tirar cohetes" ya que lo que apoya la Junta es "empezar un tramo de la línea 3", en lugar de abordar todas a la vez, como defiende el Consistorio.
