El próximo lunes empieza el plazo para inscribirse en Emvisesa y poder optar a una de las 80 viviendas de Nuevo Amate que llevan casi un año vacías y que, por fin, la empresa municipal arrienda por unos 275 euros al mes. Pero no serán las únicas que se oferten porque el Ayuntamiento ha pedido a la Junta que otros 220 pisos que también están desocupados cambien de calificación y, en vez de intentar venderlos, se alquilen. No hay plazos para que estas viviendas sean adjudicadas, pero con esta reactivación del alquiler el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) intenta dar respuesta a una gran demanda social y al aluvión de críticas recibidas por tener tantas viviendas vacías mientras que se producen ocupaciones ilegales, por ejemplo, en Nuevo Amate y mientras el conflicto de la Corrala Utopía, que copó titulares hasta en la prensa internacional, sigue sin cerrarse.
El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, aseguró ayer que en unos meses espera que esté listo el cambio de la calificación de estas 220 viviendas para, después, empezar un proceso de adjudicación lento por el «corsé» que supone el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. «Lo están diciendo alcaldes de PP y PSOE, de todos los partidos, se tendrá que modificar el registro porque la situación lo demanda», insistió. Por esta «larga» tramitación, aseguran desde el Ayuntamiento, las viviendas vacías de Nuevo Amate, por ejemplo, no se han podido adjudicar antes.
Al cambiar de venta a alquiler, Emvisesa realiza un primer sorteo entre los inscritos en el Registro de demandantes, si los agraciados y los incluidos en la lista de reserva no están interesados (por ejemplo, por el sitio del piso), se procede a otra convocatoria en la que puede inscribirse todo el que lo desee y cumpla los requisitos. Se sortea y se adjudican. Si sigue habiendo pisos libres, se adjudican en otra convocatoria por orden de llegada. De ahí las colas a las puertas de Emvisesa el pasado enero por la adjudicación de 16 VPO de alquiler con opción a compra, vacantes de promociones en Torreblanca, Sevilla Este y Pino Montano.
En el caso de la convocatoria para el alquiler de las 80 viviendas de Nuevo Amate (fruto de la presión social según PSOEe IU), los requisitos son estar en el Registro, tener ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem y acreditar ingresos que garanticen el pago de la renta, con fotocopia de la declaración de la renta de 2012, seis últimas nóminas o certificado acreditativo de la pensión.
Pero no acaban ahí los problemas. Los vecinos de Tres Barrios pidieron ayer que los pisos de Amate se adjudiquen a las familias del barrio con grandes necesidades, sin que tengan que depender del sorteo, y ayer mismo el delegado de Urbanismo sostuvo que están estudiando con los servicios sociales cómo «saltarse el registro» para «anteponer» en la lista a las más de cien personas «en situación de especial necesidad». Un término que engloba a las familias «en pre-emergencia social» a las que no les corresponden los pisos sociales reservados para casos de emergencia en toda regla. Una maraña de términos administrativos para hablar de personas con nombres y apellidos con escasos recursos económicos, sin trabajo y, generalmente, con hijos o mayores a su cargo. Según Vílchez, una familia con todos sus miembros en paro estaría en situación de emergencia social, pero si uno de sus miembros tiene un sueldo de 600 euros ya estaría en situación de especial necesidad.
El Ayuntamiento buscará una solución para estas familias dentro de la legalidad, según Vílchez, que cuestionó la solución que la Consejería de Fomento y Vivienda que gestiona IU dio a las familias de la Corrala Utopía. Precisamente ayer, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, aseguró que siente «frustración» al ver que no se llevó a cabo la solución que «medió» con Ibercaja para el realojo temporal de las personas de la Corrala Utopía.
Ayudas para instalar diez ascensores La primera convocatoria de ayudas del Ayuntamiento para la instalación de ascensores estará dotada con 400.000 euros y recogerá un límite de 40.000 euros, por lo que beneficiará a poco más de una decena de comunidades, pese a la gran demanda existente. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), admitió ayer que es una partida «un tanto limitada», pero añadió que la intención es que el Ayuntamiento tenga un censo de la demanda para, el próximo año, destinar más presupuesto a este fin. San Pablo, las Letanías o El Tardón son los barrios en los que se encuentran más bloques sin ascensor, según el delegado, quien detalló que se concederá hasta un 40% del coste de la obra, valorada en unos 90.000 euros, dijo. «Es una primera fase y hay una firme intención de avanzar», sostuvo tras indicar que buscará la colaboración de la Junta, que durante muchos años financió la instalación de ascensores y que, tras un parón de algunos años, ha vuelto a reactivar estas ayudas. El delegado, que informó de la sesión extraordinaria del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, indicó que los moradores de estas comunidades de vecinos tendrán que contar con ingresos «limitados», siempre sujetos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y que tendrán prioridad aquellas que cuenten con vecinos mayores de 65 años o con movilidad reducida. Se prevé la cesión gratis del suelo público durante 30 años para la colocación de los ascensores en la calle cuando no sea posible otra solución técnica. Los edificios
