Una parte del desmantelamiento sufrido hace ya medio año en las antiguas despendencias de la Policía Local fue autorizado y ejecutado por el Ayuntamiento de Sevilla, que aludió a "indicios" que tenía de que el edificio "sería demolido" y, por tanto, se llevó consigo todo el material reutilizable, que en todo caso calificó de "superficial" y "fácilmente recogible", antes de entregárselo a su propietaria, la empresa Detea. El delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, dio ayer la versión del Gobierno local del expolio sufrido en la antigua comisaría, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla: culpó a Detea por dar su conformidad a la entrega el 15 de junio "sin haber visto antes" el estado del inmueble, aseguró que la vigilancia policíal permaneció hasta el 10 de junio y después se limitó al paso de patrullas y exculpó al Consistorio de la presencia de una chatarrera en el edificio para llevarse taquillas inservibles, algo que no contaba "con la autorización" del Ayuntamiento y achacó a "un error" del jefe policial encargado del traslado.
Cabello dio su explicación en el pleno a petición del PSOE, que había solicitado formalmente su comparencia con una batería de 15 preguntas ante un expolio que calificó de "extrema gravedad" y del que tenía sospechas que había sido autorizado por el Consistorio, sobre todo a partir de la investigación abierta por la Policía Nacional. El delegado de Seguridad negó que el Ayuntamiento fuera el autor de tales destrozos, aunque aclaró que, salvo ventanas y puertas, los servicios de Edificios Municipales se llevaron todo "el material reutilizable" que "era fácilmente recogible porque se podía demontar con destornillador o a mano". Esto es, según enumeró el edil del PP, retirada de aires acondicionados, falsos techos y suelos, mangueras, 200 tubos fluorescentes, tres cuadros eléctricos, 50 placas de escayola, cuatro lavabos, cuatro papeleras, dos fuentes de agua,... y así una larga lista, que bien han sido reutilizados para instalaciones municipales como la nueva sede policial, colegios y centros cívicos o están almacenados a la espera "que se necesite este material para su reutilización". Un acopio de material que conforma una buena parte de lo que Detea calificó como desmantelamiento del edificio. "Cuando quitas un [falso] techo parece que le ha caído una bomba atómica", matizó el delegado de Seguridad y Movilidad. La segunda justificación vino de que ese operativo montado se realizó, según explicó, siguiendo el mismo procedimiento por el que el anterior gobierno se marchó del primero de los tres edificios propiedad de Detea en el que estaban alojados los servicios municipales. Con una salvedad: la empresa asegura que en aquella ocasión notificó al Consistorio que iba a demoler el edificio. Sin embargo, el caso de la antigua comisaría afirman que no era así y buscaban alquilarlo para oficinas. De hecho, Cabello alegó que tenían solo "indicios" de que se iba a demoler. Eso sí, no se olvidó de avisar que Detea firmó que recibía el edificio en perfectas condiciones, pese a que tendría que haber acudido al lugar, que está "a pocos metros de su sede" para verificarlo. Su última visita fue el 25 de mayo, tres semanas antes de la entrega.
Una vez conocido este detalle, la otra duda que coleaba era quién autorizó a una chatarrera a entrar y llevarse taquillas inservibles y si hubo falta de vigilancia en las instalaciones antes de su entrega. En lo primero, Cabello eximió al Consistorio de toda responsabilidad, ya que "no autorizó a ninguna empresa ajena". Es más, apuntó directamente al jefe policial encargado del traslado. "Es su error y lo asumió", manifestó el concejal. También matizó que la Policía vigiló el lugar hasta el día 10 y días después hubo presencia puntual de patrullas. Pese a ello, insistió en que la Cartuja tiene empresa de seguridad "que no se percató de los chatarreros hasta el día 14".
Pese a su explicación, no contestó a todas las preguntas que le trasladó el PSOE, que, a través de su portavoz, Juan Espadas, recriminó a Cabello que detalle como "un desmantelamiento ordenado" lo ocurrido en las instalaciones de Detea y aseguró que continuará pidiendo explicaciones en las próximas semanas para descubrir "al responsable de este escándalo".
