Local

El Consistorio se compromete a una adjudicación rápida de los pisos sociales

La baremación de acceso se cambia y hay un compromiso de “igualdad de trato”. Se identifican al menos 300 familias en grave riesgo de exclusión social.

el 15 feb 2013 / 23:38 h.

TAGS:

La delegada Dolores de Pablo-Blanco, ayer en rueda de prensa.

El número es todavía aproximado, fruto de cálculos iniciales del Ayuntamiento: 300 familias con grave riesgo de exclusión social entrarían en la nueva baremación que el Consistorio ha concebido para la adjudicación de viviendas sociales en la ciudad de Sevilla. "Y ya no tendrán que peregrinar, como hacían antes, para solicitarlas, sino que habrá una única ventanilla, la de Servicios Sociales".

La delegada municipal del ramo, Dolores de Pablo-Blanco, presentó ayer los criterios a seguir, que tildó de cuantificables, exhaustivos y objetivos, y que definen desde qué cabe considerar familia en riesgo de exclusión social hasta la actualización de la lista de reserva para que ésta sea una imagen en movimiento y no estática, al igual que cambian las circunstancias económicas, laborales, personales y sociales de las personas que soliciten techo municipal para cobijarse. Y la finalidad, "que haya igualdad de trato".

No estamos hablando del registro municipal de vivienda para adjudicar VPO, sino de familias que, por su especial vulnerabilidad, requieren una vivienda urgentemente, so pena de quedar en la calle o sufrir vejaciones, entre ellas la violencia de género o doméstica. Estas personas no deberán pasar, pues, por el listado común de Emvisesa, sino por el establecido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Por lo pronto, serán los trabajadores sociales del Consistorio quienes se encarguen de evaluar las circunstancias económicas, laborales y sociales de las familias (unidades familiares), con especial atención a la presencia de menores (en este caso siempre habrá prioridad), discapacitados o mayores a cargo, así como situaciones de conflictividad, tales como la violencia de género y doméstica.

Para entrar en la lista que el Consistorio llama de reserva, los ingresos obtenidos por la unidad familiar en el año anterior a la fecha de baremación no han de superar 2,5 veces el IPREM anual en vigor -en estos momentos, 7.455,14 euros- si se trata de viviendas en régimen de alquiler general, siendo el multiplicador 1,5 en otro tipo de pisos sociales -la cuantía obtenida ha de ponderarse en función del número de miembros que compongan la familia-. En este último caso, no se tendrá en cuenta el criterio de la suficiencia financiera (el poder pagar al renta). Sin embargo, los requisitos del Ayuntamiento indican que no pasarán siquiera por esta lista de reserva los hogares con una mayor urgencia de acceso a una vivienda, como serían los casos graves de exclusión social y los procesos de realojo.

Hasta 74 apartados componen el baremo, según apuntó De Pablo-Blanco. Cada cuatro meses se revisará la lista de reserva para calibrar si se han alterado las circunstancias de quienes la nutren -si, por ejemplo, han caído drásticamente sus ingresos económicos-.

La delegada anunció la adjudicación "inmediata" en unas 20 o 25 viviendas incorporadas a las 151 anteriormente adscritas a Otainsa (Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso) y ahora transferidas a la empresa municipal Emvisesa. Y el procedimiento será el mismo para las viviendas que pudieran ser confiadas al Consistorio por otras administraciones públicas, apuntó De Pablo-Blanco. Tras la baremación, aclaró, la asignación del nuevo hogar será cuestión de muy pocos meses.

  • 1